La Defensoría del Pueblo consignó ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) sus observaciones y recomendaciones al proyecto de Ley de Arrendamiento Inmobiliario.
Así lo informó este jueves la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, en el programa de esta organización, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).
El proyecto jurídico fue elevado el pasado 2 de marzo por la Red Metropolitana de Inquilinos ante el Parlamento venezolano con más de 400 mil firmas que lo respaldan y luego de ser discutido en las plazas públicas del país.
Su objetivo es regular el costo de los alquileres de acuerdo con variables como condición y antigüedad del inmueble, destinar un porcentaje de viviendas en los nuevos urbanismos para ser arrendadas y ofertar las mismas en venta a sus inquilinos, luego de 10 años.
Con la norma también se busca garantizar la defensa jurídica a los ciudadanos cuando se presente un conflicto legal en materia inmobiliaria y normar lo relativo a la conservación, desocupación y elaboración de contratos sobre viviendas en alquiler, entre otros aspectos.
No obstante, Ramírez consideró necesario incorporar algunas garantías adicionales a la ley para humanizarla y asegurar los derechos de las personas que sean objeto de desocupación.
Resaltó que con esta ley se va a tener una garantía de derechos para todas las partes.
Asimismo, el defensor delegado de Caracas, Juan Carlos Castro, explicó que hay observaciones de forma y otras relacionadas con aspectos que deberían ser objeto del reglamento de la ley.
Así lo informó este jueves la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, en el programa de esta organización, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).
El proyecto jurídico fue elevado el pasado 2 de marzo por la Red Metropolitana de Inquilinos ante el Parlamento venezolano con más de 400 mil firmas que lo respaldan y luego de ser discutido en las plazas públicas del país.
Su objetivo es regular el costo de los alquileres de acuerdo con variables como condición y antigüedad del inmueble, destinar un porcentaje de viviendas en los nuevos urbanismos para ser arrendadas y ofertar las mismas en venta a sus inquilinos, luego de 10 años.
Con la norma también se busca garantizar la defensa jurídica a los ciudadanos cuando se presente un conflicto legal en materia inmobiliaria y normar lo relativo a la conservación, desocupación y elaboración de contratos sobre viviendas en alquiler, entre otros aspectos.
No obstante, Ramírez consideró necesario incorporar algunas garantías adicionales a la ley para humanizarla y asegurar los derechos de las personas que sean objeto de desocupación.
Resaltó que con esta ley se va a tener una garantía de derechos para todas las partes.
Asimismo, el defensor delegado de Caracas, Juan Carlos Castro, explicó que hay observaciones de forma y otras relacionadas con aspectos que deberían ser objeto del reglamento de la ley.
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