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Buenos Aires- Las comisiones de Presupuesto y de Economía del Senado argentino continúan hoy con el análisis del proyecto que habilita endeudar el país por 12 mil 500 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre.
En el tercer día de presentaciones en el Salón Arturo Illia, le toca este viernes el turno para expresar sus opiniones ante los senadores de esos paneles a representantes de cámaras empresariales y sindicatos.La audiencia arrancó este viernes con el criterio de Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción; y Carlos Canta Yoy, de la Cámara de Comercio, Industria y Producción.
Después le seguirán ejecutivos de la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y la Asociación Empresaria Argentina.
En la tarde se presentarán el titular de la Sociedad Rural y el de la Confederaciones Rurales Argentinas.
Después le tocarán expresar sus criterios a los sindicalistas. En la relación de exponentes están Antonio Caló y Hugo Moyano (a confirmar) por los segmentos que encabezan de la Confederación General del Trabajo, y también está apuntado el titular de la otra ala de la CGT, Luis Barrionuevo.
Pablo Michelli, una de las voces más críticas desde el sindicalismo y líder de la Central de Trabajadores de Argentina, Autónoma, hablará al caer la tarde, y le seguirán los gremialistas Pedro Wasiesko y Eduardo Basualdo.
El jueves, el proyecto de la Casa Rosada para pagar a los bonistas litigantes en Nueva York, que representan tan solo menos del 7 por ciento de todos los tenedores de bonos de deuda argentina -el 93 por ciento aceptó los canjes de 2005 y 2010- recibió un fuerte respaldo de los gobernadores.
Excepto dos de los jefes de gobierno provincial que acudieron al Senado, dieron su respaldo a la propuesta signada por la idea de pagando a los buitres el país podrá reingresar al mercado internacional de créditos a tasas de interés más bajas y llegarán inversiones.
El equipo ejecutivo presentó el proyecto como una necesidad para que se le abran de nuevo las puertas a los préstamos, y en esto prometió a las provincias que podrán también salir a solicitarlos.
Esa promesa cayó muy bien entre la clase gobernante en las provincias; incluso la gobernadora de Tierra de Fuego, Roxana Bertone, le pidió a sus correligionarios del Frente para la Victoria que aprueben la medida porque necesita créditos para ejecutar obras portuarias.
En cambio, el gobernador de San Luis, Alejandro Rodríguez Saá, de Compromiso Federal, consideró que "esto de endeudarse es un tremendo error" y centró sus críticas en la cesión de jurisdicción del proyecto.
Por su parte, el senador Fernando "Pino" Solanas aprovechó para reclamar una investigación a fondo del origen de la deuda.
Políticos, académicos y referentes del sector judicial reclaman que durante la época de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y posteriormente durante los mandatos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa esos gobiernos aceptaron en connivencia con la clase empresarial sumar la deuda empresaria a la pública.
De ahí, el gigantesco endeudamiento que tuvo que afrontar -y sigue haciéndolo- el Estado argentino cuyo oneroso peso ha recaído sobre las clases media y de menor ingreso.
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