Como una “agresión” calificó el canciller Nicolás Maduro la decisión asumida por la nación norteamericana de sancionar a Pdvsa por supuestamente haber enviado combustible a Irán.
La decisión, según informaron este martes en cadena nacional el canciller Nicolás Maduro y el ministro de Energía y presidente de la estatal, Rafael Ramírez; deberá ser anunciada en los próximos días por el presidente Hugo Chávez. De esta manera, el gobierno nacional respondió a las sanciones impuestas ayer por Estados Unidos al holding por el envió de hidrocaburos y acuerdos con Irán; en el marco de la ley conocida como Cisada (The Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act) promulgada por el mandatario estadounidense, Barack Obama, en 2010. La medida impide a Pdvsa -y a otras seis empresas internacionales- acceder a contratos con el país del Norte y a financiamientos para importar y exportar.
“El gobierno se encuentra haciendo una evaluación general de la situación para determinar hasta dónde estas sanciones afectan la operatividad de la industria petrolera y el suministro de 1,2 millones de barriles diarios a Estados Unidos. En función de esa evaluación, la República se reserva el derecho de decidir ante esta agresión”, dijo Maduro.
El canciller leyó un comunicado en el que Venezuela expresó su repudio a la resolución por constituir una “acción hostil” situada al margen del derecho. No descartó denunciar esta situación ante instancias internacionales.
Cero tutelaje
El titular de Energía agregó que la industria realiza una revisión “profunda de esta agresión sin precedentes”.
Sin aseverar ni negar si la estatal envió en febrero de este año dos embarques de combustible a Irán (hecho que Estados Unidos utilizó como fundamento de la sanción), Ramírez advirtió que Venezuela no renunciará a su derecho a colaborar con otras naciones productoras de petróleo.
“Nosotros somos soberanos (...) ya no somos más un país satélite de la economía norteamericana (...) somos un país que ha decidido ser independiente y por eso se le ataca”.
Rechazó “cualquier tipo de tutelaje” por parte de potencias extranjeras y apuntó que Pdvsa no va a aceptar que nadie la sancione. “No le tememos a ninguna acción del gobierno norteamericano”. Aclaró que desde 2005 la industria no tiene ningún auxilio o relación con la financiación pública estadounidense. “No tenemos contrato en materia petrolera con el gobierno de EE. UU. Lo que está indefinido es lo referente a las licencias de importación”, dijo.
Ambos ministros exhortaron a los venezolanos y específicamente a los trabajadores petroleros a “mantenerse alerta y movilizados” en defensa de la soberanía.
En un informe especial, la Consultora Ecoanalítica indicó que la medida impuesta por EE UU no afectará las ventas de petróleo hacia la nación norteamericana -las cuales equivalen a 60% de las exportaciones totales- ni las actividades de las filiales de Pdvsa (Citgo). Pese a ello, la firma destacó que en un contexto donde algunas compañías del Norte poseen participaciones dentro de las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, el comprometer las relaciones en materia de energía, tendría un efecto significativo para ambas partes; de allí que consideró que la sanción no es más que una advertencia y que la respuesta por parte de Venezuela será política.
La Asamblea Nacional (AN) también modificó su agenda para debatir el tema. El diputado Saúl Ortega (Psuv) propuso un acuerdo en el que se exhortó al gobierno venezolano a “pagarle con la misma moneda” a la administración estadounidense. Omar Barboza (UNT) dejó sentado que los adversarios al gobierno no apoyan la sanción contra la estatal porque es una decisión “unilateral y daña los intereses nacionales”, pero también criticó la política petrolera criolla que ha traído como consecuencia la caída de la producción de crudo y el endeudamiento. El acuerdo fue aprobado con el voto a favor de 94 diputados.
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