El coordinador nacional de Voluntad Popular aseguró que enfrentará en el país las acusaciones de la Fiscalía y que el gobierno deberá “asumir las consecuencias”
López señaló que el Gobierno ha abierto más de 20 expedientes en su contra
Caracas. Con la serenidad de quien atraviesa
un largo desierto porque este le llevará a la tierra prometida el
coordinador nacional del Partido Voluntad Popular (VPA), Leopoldo López,
indicó que está dispuesto a enfrentar las “consecuencias” del más
reciente proceso de la justicia en su contra que podría terminar con su
encarcelación y la de su madre. “El gobierno también tendrá que asumir
las consecuencias”, alega. El Ministerio Público (MP) lo imputará mañana por dos donaciones hechas por Petróleos de Venezuela a finales de 1998 (que suman Bs 72 millones de los viejos) a la entonces Asociación Civil Primero Justicia, a la cual pertenecía el dirigente.
El exalcalde de Chacao desmiente que su madre, entonces gerente de Asuntos Públicos de la petrolera, haya aprobado los recursos y recalca que el no administró ni tuvo nada que ver con el desarrollo del proyecto de justicia de paz que fue ejecutado en los estados Anzoátegui, Sucre, Monagas y Delta Amacuro.
A pesar de haber pasado por más de 20 procedimientos administrativos en su contra, López está consciente de que esta nueva acusación es la que podría llevarlo a la cárcel y su voz sólo parece quebrarse cuando relata que no puede explicarle a su hija, de tres años de edad, el significado de la palabra “Fiscalía”.
-Usted ha sido uno de los que más ha denunciado el sistema judicial venezolano, ¿por qué decide someterse a éste?
-Hay que dar la cara, ¿yo creo en la justicia venezolana? No ¿Eso significa que no me voy a presentar? Tampoco, porque no le vamos a dar la excusa al gobierno de que utilice unos mecanismos procesales para lograr lo que quieren, que es mantenernos fuera del activismo político. Si el gobierno toma la decisión de meternos presos, de privarme de libertad de una manera injusta, que asuma las consecuencias.
-Es un argumento común de los políticos decir que son perseguidos cuando se les acusa de algo, ¿Por qué deben creer los venezolanos que este es su caso?
-Este es un caso que lo ordena directamente (el vicepresidente) Maduro. El 15 de enero, en cadena nacional, dice que a ese señor López hay que abrirle los procedimientos que corresponden; “le hago un llamado a la Fiscalía y al tribunal para que hagan lo que tienen que hacer”, dijo.
Tres semanas después, a las 10:00 de la noche de un viernes, toca la puerta de mi casa un alguacil con una citación. No es casualidad que Maduro pida una imputación y que ésta se materialice. Yo soy un perseguido político de este gobierno, al igual que muchos otros, no soy el único.
Lamentablemente no tengo el monopolio de esa persecución, pero sí hay que contextualizarla: he sido víctima de más de 20 procedimientos administrativos que han culminado en mi inhabilitación política.
-¿Se ha planteado el escenario de la cárcel?
-Sí, incluso creo que es un escenario con crecientes probabilidades. Todo indica que el gobierno está barajando esa intención, estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Es un tema que lo he planteado a nivel familiar. Sí, te confieso que con los hijos se plantea un escenario complicado. El otro día estábamos hablando de estos temas en la casa y cuando me fui, mi hija Manuela, que tiene tres años, le preguntó a su madre, “mami, ¿qué es eso de la Fiscalía?” y cuando mi esposa me llama, no supe cómo responder a todo esto.
Donaciones a oriente
-Su madre también ha sido imputada.
-Así es y también va a dar la cara cuando le corresponda, que es la semana de arriba.
-¿En qué fueron empleadas las donaciones de Pdvsa?
-Se trató de dos donaciones de Bs 60 mil y Bs 12 mil. Se usó en el impulso de la elección, organización y la formación de jueces de paz en cuatro estados: Anzoátegui, Sucre, Monagas y Delta Amacuro. En esos cuatro estados se hicieron 400 selecciones de jueces de paz y además se hizo un trabajo para sembrar la justicia de paz en 800 escuelas del oriente del país.
Es importante aclarar que yo no tuve nada que ver con el proyecto, ni en la administración de los recursos, ni en la ejecución y por este caso es que se me lleva a la inhabilitación. La propia Contraloría reconoció que no hay daño patrimonial.
-¿Cuándo se ejecutó el proyecto?
-El proyecto se solicita a través de la Asociación Civil Primero Justicia, luego ésta pasa a ser una organización política y se ejecuta con otra organización que se llamaba Consorcio para la Justicia y se ejecuta durante este mismo gobierno, en los años 1999, 2000 y 2001. Yo no tenía nada que ver con la administración de esos recursos.
-El gobierno alega que su madre funge como la representante de Pdvsa en el documento que formaliza la donación.
-Sí. Ella tenía la responsabilidad de ser gerente de asuntos públicos y como parte de su responsabilidad tenía la firma del convenio, mas no de los cheques, de los recursos. Estamos hablando de decenas de organizaciones que recibieron aportes para proyectos que se estaban desarrollando en ese momento para el oriente del país.
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