DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO 2012

06/05/2012
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Decreto 8.938 Pág. 1

Observación: La presente Ley fue enviada al Tribunal

Supremo de Justicia (TSJ), para que realice la revisión y

calificación respecto de la constitucionalidad del carácter

orgánico.

Decreto Nº 8.938 30 de abril de 2012

HUGO CHAVEZ FRIAS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor

eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del

socialismo y el engrandecimiento del País, basado en los

principios humanistas y en las condiciones morales y éticas

Bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de las

atribuciones que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de

conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 1° de

la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que

se delegan, en Consejo de Ministros.

DICTA

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS

TRABAJADORAS

Decreto 8.938 Pág. 2

TÍTULO I

NORMAS Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

Capítulo I

Disposiciones Generales

Objeto de la Ley

Artículo 1º. Esta Ley, tiene por objeto proteger al trabajo

como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores

y de las trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente

producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación

y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social

de derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del

padre de la patria Simón Bolívar.

Regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del

proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el

interés supremo del trabajo como proceso liberador,

indispensable para materializar los derechos de la persona

humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante

la justa distribución de la riqueza, para la satisfacción de las

necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo.

Normas de Orden Público

Artículo 2º. Las normas contenidas en esta ley y las que

deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa,

obligatoria e inmediata, priorizando la aplicación de los

principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto a

los derechos humanos.

Ámbito de aplicación

Artículo 3º. Esta Ley regirá las situaciones y relaciones

laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los

trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas,

derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones

contenidas en esta Ley y las que deriven de ella rigen a

venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con

ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en

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ningún caso, serán renunciables ni relajables por convenios

particulares. Los convenios colectivos podrán acordar reglas

favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma

general respetando el objeto de la presente Ley.

Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta Ley a los

trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en

Venezuela para prestar servicios en el exterior del país.

Medidas para garantizar la aplicación de esta Ley

Artículo 4º. En ejercicio de las atribuciones previstas en la

Legislación Laboral, las autoridades administrativas o judiciales

del trabajo, por imperativo de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela, están facultadas para lograr que sus

decisiones administrativas o judiciales restituyan la situación

jurídica infringida de carácter laboral, y aplicarán los correctivos

y medidas tendientes a lograr la ejecución de esas decisiones

en el ámbito de aplicación de esta Ley.

Cuerpos armados

Artículo 5º. Quedan exceptuados de las disposiciones de esta

Ley los miembros de los cuerpos armados, pero las autoridades

respectivas dentro de sus atribuciones establecerán, por vía

reglamentaria, los beneficios de los que deberá gozar el

personal que allí presta servicios, los cuales no serán inferiores

a los de los trabajadores y de trabajadoras regidos y regidas

por esta Ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de sus

labores.

Se entenderá por cuerpos armados los que integran la Fuerza

Armada Nacional Bolivariana y los servicios policiales, los cuales

se regirán por sus estatutos orgánicos o normativas especiales,

quienes se encuentran directamente vinculados a la seguridad y

defensa de la Nación y al mantenimiento del orden público.

Trabajadores y trabajadoras al servicio de la

Administración Pública

Artículo 6º. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas

nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas

sobre la función pública en todo lo relativo a su ingreso,

ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de

Decreto 8.938 Pág. 4

remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen

jurisdiccional; y los beneficios acordados por esta Ley en todo

lo no previsto en aquellos ordenamientos.

Los funcionarios públicos y funcionarias públicas que

desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la

negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a

ejercer el derecho a la huelga, de conformidad con lo previsto

en esta Ley, en cuanto sea compatible con la naturaleza de los

servicios que prestan y con las exigencias de la Administración

Pública.

Los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas al

servicio de la Administración Pública Nacional, Estadal y

Municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las

normas contenidas en esta Ley, la de Seguridad Social y su

contrato de trabajo.

Los obreros y obreras al servicio de los órganos y entes

públicos nacionales, estadales y municipales, centralizados y

descentralizados, estarán amparados por las disposiciones de

esta Ley y la de Seguridad Social.

El tiempo desempeñado en la administración pública nacional,

estadal y municipal, centralizada y descentralizada, será

considerado para todos los efectos legales y contractuales como

tiempo de servicio efectivamente prestado y computado a la

antigüedad.

Servicios profesionales

Artículo 7º. Los trabajadores y las trabajadoras que presten

servicios profesionales mediante contratación por honorarios

profesionales, tendrán los derechos y obligaciones que

determinen las respectivas leyes de ejercicio profesional,

siempre y cuando éstas no desmejoren la normativa que debe

regir la relación laboral. En tal sentido, estarán amparados y

amparadas por la legislación del Trabajo y de la Seguridad

Social en todo aquello que los favorezca.

Los honorarios correspondientes a la actividad de dichos

trabajadores y trabajadoras se considerarán satisfechos por el

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pago de la remuneración y demás beneficios derivados de la

relación de trabajo, salvo convenio expreso en contrario.

Acción de amparo autónomo

Artículo 8º. Los derechos y garantías consagrados en materia

laboral podrán ser objeto de la acción de amparo constitucional

interpuesta ante los jueces y juezas con competencia laboral,

de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela, la ley que rige la materia de amparo sobre

derechos y garantías constitucionales y la ley que rige la

materia procesal del trabajo .

Competencias del Poder Ejecutivo y Legislativo

Artículo 9º. La legislación y regulación jurídica en las materias

de trabajo y seguridad social son competencia exclusiva del

Poder Público Nacional, a través de los poderes Ejecutivo y

Legislativo de conformidad con la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, los estados y los

municipios no podrán dictar leyes, ordenanzas ni previsión

alguna sobre estas materias. Quedan a salvo las disposiciones

que dichas entidades dicten para favorecer a los trabajadores y

a las trabajadoras que presten servicio bajo su dependencia,

dentro de las normas pautadas por la legislación laboral.

Facultad reglamentaria del Ejecutivo Nacional

Artículo 10. El Ejecutivo Nacional tendrá las más amplias

facultades para desarrollar las disposiciones legales en materia

de trabajo, y a tal efecto podrá dictar Reglamentos, Decretos o

Resoluciones especiales y limitar su alcance a determinada

región o actividad del país.

Gratuidad de la justicia laboral

Artículo 11. La justicia laboral es gratuita tanto en sede

judicial como en sede administrativa del trabajo. En

consecuencia, no se podrán establecer tasas, aranceles ni exigir

o recibir pago alguno por sus servicios. Los registradores y

notarios públicos no podrán cobrar tasas, aranceles ni exigir

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pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes y

registros de demandas laborales.

Apoyo debido a los funcionarios y funcionarias del

trabajo

Artículo 12. Para la restitución de derechos infringidos o bajo

amenaza de serlo y en caso de necesidad, las autoridades

civiles, policiales y militares tomarán las medidas que les

soliciten los funcionarios y funcionarias del trabajo en el

cumplimiento de sus deberes, y dentro de sus atribuciones

legales.

Promoción y protección de la iniciativa popular en el

trabajo

Artículo 13. En la aplicación de las disposiciones de esta Ley

se protegerá y facilitará el desarrollo de entidades de trabajo

de propiedad social, la pequeña y mediana industria, la

microempresa, las entidades de trabajo familiar, y cualquier

otra forma de asociación comunitaria para el trabajo

gestionadas en forma participativa y protagónica por los

trabajadores y las trabajadoras, con el objetivo de satisfacer las

necesidades materiales, sociales e intelectuales de las familias,

la comunidad y el conjunto de la sociedad en el marco de la

justicia social mediante los procesos de educación y trabajo,

fundamentales para alcanzar los fines esenciales del Estado.

Idiomas Oficiales

Artículo 14. El idioma oficial en la República Bolivariana de

Venezuela es el castellano, los idiomas indígenas también son

de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser

respetados en todo el territorio de la República Bolivariana de

Venezuela, por constituir patrimonio cultural de la Nación y de

la humanidad. En consecuencia las órdenes, instrucciones,

manuales de formación y capacitación, entrenamiento y

formación laboral y, en general, todas las disposiciones que se

comuniquen a los trabajadores y a las trabajadoras, serán en

idioma castellano o indígena según sea el caso. Cuando por

razones de tecnología sea necesaria la aplicación de un idioma

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distinto, llevará el equivalente en idioma castellano, o

traducidos a sus idiomas para uso de los pueblos indígenas.

De los tratados pactos y convenciones internacionales

Artículo 15. En la aplicación de la presente Ley tendrán

carácter obligatorio, conforme a lo previsto en el artículo 23 de

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los

tratados, pactos y convenciones suscritos y ratificados por la

República, siempre que sean más favorables que la legislación

laboral nacional.

Fuentes del derecho del trabajo

Artículo 16. Las fuentes de derecho del trabajo son las

siguientes:

a) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y

la justicia social como principio fundacional de la República.

b) Los tratados, pactos y convenciones internacionales

suscritos y ratificados por la República.

c) Las leyes laborales y los principios que las inspiran.

d) La convención colectiva de trabajo o el laudo arbitral, si

fuere el caso, siempre y cuando no sean contrarias a las

normas imperativas de carácter constitucional y legal.

e) Los usos y costumbres en cuanto no sean contrarias a las

normas imperativas de carácter constitucional y legal.

f) La jurisprudencia en materia laboral.

g) Aplicación de la norma y la interpretación más favorable.

h) La equidad, la igualdad y el ideario Bolivariano, Zamorano

y Robinsoniano.

Seguridad Social

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la seguridad social

como servicio público de carácter no lucrativo. Los trabajadores

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y trabajadoras sean o no dependientes de patrono o patrona,

disfrutaran ese derecho y cumplirán con los deberes de la

Seguridad Social conforme a esta Ley.

El trabajo del hogar es una actividad económica que crea valor

agregado y produce riqueza y bienestar. Las amas de casa

tienen derecho a la seguridad social, de conformidad con la ley.

Capítulo II

Principios Rectores

Principios

Artículo 18. El trabajo es un hecho social y goza de protección

como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado, la

satisfacción de las necesidades materiales morales e

intelectuales del pueblo y la justa distribución de la riqueza.

La interpretación y aplicación de esta Ley estará orientada por

los siguientes principios:

1. La justicia social y la solidaridad,

2. La intangibilidad y progresividad de los derechos y

beneficios laborales. por lo que no sufrirán desmejoras y

tenderán a su progresivo desarrollo.

3. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las

formas o apariencias.

4. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda

acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o

menoscabo de estos derechos.

5. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o

concurrencia de varias normas o en la interpretación de

una determinada norma se aplicará la más favorable al

trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará

en su integridad.

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6. Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o a

esta Ley es nula y no genera efecto alguno.

7. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de

edad, raza, sexo, condición social, credo o aquellas que

menoscaben el derecho a la igualdad ante la ley y por

cualquier otra condición.

8. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que

puedan afectar en cualquier forma su desarrollo integral. El

Estado los o las protegerá contra cualquier explotación

económica o social.

Irrenunciabilidad de los derechos laborales

Artículo 19. En ningún caso serán renunciables los derechos

contenidos en las normas y disposiciones de cualquier

naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las

trabajadoras.

Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al

término de la relación laboral y siempre que versen sobre

derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y

contengan una relación circunstanciada de los hechos que la

motiven y de los derechos en ella comprendidos.

En consecuencia, no será estimada como transacción la simple

relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora

hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los

funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede

administrativa o judicial garantizarán que la transacción no

violente de forma alguna el principio constitucional de

irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Igualdad y equidad de género

Artículo 20. El Estado garantiza la igualdad y equidad de

mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Los

patronos y patronas, aplicarán criterios de igualdad y equidad

en la selección, capacitación, ascenso y estabilidad laboral,

Decreto 8.938 Pág. 10

formación profesional y remuneración, y están obligadas y

obligados a fomentar la participación paritaria de mujeres y

hombres en responsabilidades de dirección en el proceso social

de trabajo.

Principio de no discriminación en el trabajo

Artículo 21. Son contrarias a los principios de esta Ley las

prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción,

exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las

condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo,

edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas,

nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u

origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar

contrarias a los postulados constitucionales. Los actos

emanados de los infractores y de las infractoras serán írritos y

penados de conformidad con las leyes que regulan la materia.

No se considerarán discriminatorias las disposiciones especiales

dictadas para proteger la maternidad, paternidad y la familia, ni

las tendentes a la protección de los niños, niñas, adolescentes,

personas adultas mayores y personas con discapacidad.

En las solicitudes de trabajo y en los contratos individuales de

trabajo, no se podrán incluir cláusulas que contraríen lo

dispuesto en este artículo.

Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación en su

derecho al trabajo por tener antecedentes penales.

Primacía de la realidad

Artículo 22. En las relaciones de trabajo prevalece la realidad

sobre las formas o apariencias, así como en la interpretación y

aplicación de la materia del trabajo y la seguridad social.

Son nulas de pleno derecho todas las medidas, actos,

actuaciones, fórmulas y convenios adoptados por el patrono o

la patrona en fraude a esta Ley, así como las destinadas a

simular las relaciones de trabajo y precarizar sus condiciones.

En estos casos, la nulidad declarada no afectará el disfrute y

ejercicio de los derechos, garantías, remuneraciones y demás

beneficios que les correspondan a los trabajadores y las

trabajadoras derivadas de la relación de trabajo.

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Principios de la administración de justicia

Artículo 23. La legislación procesal, la organización de los

tribunales y la administración del trabajo, se orientarán con el

propósito de ofrecer a los trabajadores y a las trabajadoras,

patronos y patronas, la solución de los conflictos sobre

derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos,

mediante una administración de justicia orientada por los

principios de uniformidad, brevedad, gratuidad, celeridad,

oralidad, inmediatez, concentración, prioridad de la realidad de

los hechos, la equidad, rectoría del juez en el proceso, sencillez,

eficacia, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia,

autonomía, independencia, responsabilidad, atendiendo el

debido proceso, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o

reposiciones inútiles.

Correcta aplicación de esta Ley

Artículo 24. La correcta aplicación de esta Ley tiene como

esencia la concepción constitucional sobre el trabajo como

proceso social fundamental para alcanzar los fines esenciales

del Estado. En correspondencia con ello, debe interpretarse que

la participación en el proceso social de trabajo está en función

de la construcción de relaciones de trabajo justas e igualitarias,

de la producción de bienes y la prestación de servicios que

satisfagan las necesidades del pueblo, generar fuentes de

trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de

la población, consolidar la independencia y fortalecer la

soberanía económica del país, con la finalidad de asegurar el

desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa

para la colectividad.

Capítulo III

Del Derecho al Trabajo y del Deber de Trabajar

Objetivo del proceso social de trabajo

Artículo 25. El proceso social de trabajo tiene como objetivo

esencial, superar las formas de explotación capitalista, la

producción de bienes y servicios que aseguren nuestra

independencia económica, satisfagan las necesidades humanas

Decreto 8.938 Pág. 12

mediante la justa distribución de la riqueza y creen las

condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la

familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de

las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz,

basada en la valoración ética del trabajo y en la participación

activa, consciente y solidaria de los trabajadores y las

trabajadoras en los procesos de transformación social,

consustanciados con el ideario bolivariano. En consecuencia, el

proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar:

1. La independencia y la soberanía nacional, asegurando la

integridad del espacio geográfico de la nación.

2. La soberanía económica del país asimilando, creando e

innovando técnicas, tecnologías y generando conocimiento

científico y humanístico, en función del desarrollo del país y

al servicio de la sociedad.

3. El desarrollo humano integral para una existencia digna y

provechosa de la colectividad generando fuentes de

trabajo, alto valor agregado nacional y crecimiento

económico que permita la elevación del nivel de vida de la

población.

4. La seguridad y soberanía alimentaria sustentable.

5. La protección del ambiente y el uso racional de los

recursos naturales.

En el proceso social del trabajo se favorecerá y estimulará el

diálogo social amplio, fundamentado en los valores y principios

de la democracia participativa y protagónica, en la justicia social

y en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para

asegurar la plena inclusión social y el desarrollo humano

integral.

Derecho al trabajo y deber de trabajar

Artículo 26. Toda persona tiene el derecho al trabajo y el

deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y

obtener una ocupación productiva, debidamente remunerada,

que le proporcione una existencia digna y decorosa.

Decreto 8.938 Pág. 13

Las personas con discapacidad tienen igual derecho y deber, de

conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia.

El Estado fomentará el trabajo liberador, digno, productivo,

seguro y creador.

Porcentaje de personal venezolano

Artículo 27. El noventa por ciento o más de los trabajadores y

de las trabajadoras al servicio de un patrono o una patrona,

que ocupen un mínimo de diez, deben ser venezolanos o

venezolanas. Así mismo, las remuneraciones del personal

extranjero, no excederán del veinte por ciento del total de las

remuneraciones pagadas al resto de los trabajadores y de las

trabajadoras.

Se requerirá la nacionalidad venezolana para ejercer ciertas

responsabilidades, tales como: jefes de relaciones industriales,

de personal, capitanes de buque, aeronaves, capataces o

quienes ejerzan funciones análogas, sin que esto pueda

considerarse como una discriminación.

Excepciones temporales

Artículo 28. El ministerio del Poder Popular con competencia

en materia de trabajo y seguridad social, previo estudio de las

condiciones generales de los puestos de trabajo y seguridad

social en el país y de las circunstancias del caso concreto, podrá

autorizar excepciones temporales a lo dispuesto en el artículo

anterior, en los casos y condiciones siguientes:

1. Cuando se trate de actividades que requieran

conocimientos técnicos especiales y no exista personal

venezolano disponible. La autorización, se condicionará a

que el patrono o la patrona, dentro del plazo que se le

señale, capacite y adiestre personal venezolano.

2. Cuando exista demanda de puesto de trabajo y el

ministerio del Poder Popular con competencia en materia

de trabajo y seguridad social, compruebe que no se puede

satisfacer con personal venezolano.

Decreto 8.938 Pág. 14

3. Cuando se trate de inmigrantes que ingresen al país

contratados directamente por el Gobierno Nacional, por

entidades de trabajo contratadas por éste, o en el marco

de Convenios Internacionales, el porcentaje autorizado y el

plazo de la autorización, se fijarán por resolución del

ministerio del Poder Popular con competencia en materia

de trabajo y seguridad social.

4. Cuando se trate de personas definidas como refugiados

por la normativa del Derecho Internacional.

Contratación de trabajadores extranjeros y

trabajadoras extranjeras

Artículo 29. Cuando se contrate personal extranjero se

preferirá a quienes tengan hijos nacidos o hijas nacidas en el

territorio nacional, o sean casados o casadas con venezolanos o

venezolanas, quienes hayan establecido su domicilio en el país,

o quienes cuenten con un tiempo de residencia superior a cinco

años continuos.

Capítulo IV

De la Protección al Trabajador y la Trabajadora

Libertad de trabajo

Artículo 30. Toda persona es libre para dedicarse al ejercicio

de cualquier actividad laboral sin más limitaciones que las

previstas en la Constitución y las que establezcan las leyes.

Ninguna persona podrá impedirle el ejercicio del derecho al

trabajo a otra, ni obligarla a trabajar contra su voluntad.

Excepciones a la libertad de trabajo

Artículo 31. Solamente cuando se vulneren los derechos de

terceros o principios de esta Ley podrá impedirse el trabajo. El

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de

trabajo y seguridad social, podrá mediante resolución motivada

impedir:

1. La sustitución de un trabajador o trabajadora, protegido

por la inamovilidad prevista en esta ley referida a su

participación en un conflicto laboral tramitado legalmente.

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2. La sustitución definitiva de un trabajador o trabajadora,

que le haya sido certificada una enfermedad ocupacional o

capacidad reducida no permanente por ocasión de un

accidente de trabajo.

3. La sustitución de un trabajador o trabajadora que goce de

protección especial del Estado, que haya sido despedido de

manera írrita.

4. La sustitución definitiva de un trabajador o trabajadora que

haya estado separado o separada de sus labores por

causas de enfermedad no ocupacional, antes de cumplirse

el período de reposo que se le hubiere ordenado de

conformidad con la Ley.

5. La sustitución de trabajadores y trabajadoras en caso de

despido masivo.

Protección especial para niños, niñas y adolescentes

Artículo 32. Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y

adolescentes, que no hayan cumplido catorce años de edad,

salvo cuando se trate de actividades artísticas y culturales y

hayan sido autorizados por el órgano competente para la

protección de niños, niñas y adolescentes. El Estado, las

familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, su

protección integral. El trabajo de los adolescentes mayores de

catorce años y hasta los dieciocho años, se regulara por las

disposiciones constitucionales y la Ley Orgánica para la

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Libre tránsito hacia los centros de trabajo

Artículo 33. A nadie se le impedirá el libre tránsito por

autopistas, carreteras, avenidas, veredas o caminos que

conduzcan a los centros de trabajo, ni el transporte por ellos de

mercancías, ni estará sujeto a ningún impuesto o contribución

no previsto por la Ley.

Actividades prohibidas en los centros de trabajo

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Artículo 34. Se prohíbe la venta y consumo de bebidas

alcohólicas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes, el

establecimiento de juegos de azar y casas de prostitución, y el

porte de armas en los centros de trabajo.

Capítulo V

De las Personas en el Derecho del Trabajo

Definición de trabajador o trabajadora dependiente

Artículo 35. Se entiende por trabajador o trabajadora

dependiente, toda persona natural que preste servicios

personales en el proceso social de trabajo bajo dependencia de

otra persona natural o jurídica. La prestación de su servicio

debe ser remunerado.

Definición de trabajador o trabajadora no dependiente

Artículo 36. Trabajador o trabajadora no dependiente o por

cuenta propia es aquel o aquella que en el ejercicio de la

actividad que realiza en el proceso social de trabajo, no

depende de patrono alguno o patrona alguna.

Los trabajadores y trabajadoras no dependientes o por cuenta

propia están protegidos por la Seguridad Social.

Trabajador o trabajadora de dirección

Artículo 37. Se entiende por trabajador o trabajadora de

dirección el que interviene en la toma de decisiones u

orientaciones de la entidad de trabajo, así como el que tiene el

carácter de representante del patrono o patrona frente a otros

trabajadores, trabajadoras o terceros, y puede sustituirlo o

sustituirlas, en todo o en parte, en sus funciones.

Trabajador o trabajadora de inspección y trabajador o

trabajadora de vigilancia

Decreto 8.938 Pág. 17

Artículo 38. Se entiende por trabajador o trabajadora de

inspección quien tenga a su cargo la revisión del trabajo de

otros trabajadores o de otras trabajadoras.

Se entiende por trabajador o trabajadora de vigilancia, quien

tenga a su cargo el resguardo, la custodia y seguridad de

bienes.

Primacía de la realidad en calificación de cargos

Artículo 39. La calificación de un trabajador o trabajadora

como de dirección o de inspección, dependerá de la naturaleza

real de las labores que ejecuta, independientemente de la

denominación que haya sido convenida por las partes, de la que

unilateralmente hubiese establecido el patrono o la patrona o

de la que señalen los recibos de pago y contratos de trabajo.

En caso de controversia en la calificación de un cargo,

corresponderá a la Inspectoría del Trabajo o a la Jurisdicción

Laboral, según sea el caso, determinar la calificación que

corresponda.

Definición de patrono o patrona

Artículo 40. Se entiende por patrono o patrona, toda persona

natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más

trabajadores o trabajadoras, en virtud de una relación laboral

en el proceso social de trabajo.

Representante del patrono o de la patrona

Artículo 41. A los efectos de esta Ley, se considera

representante del patrono o de la patrona toda persona natural

que en nombre y por cuenta de éste ejerza funciones

jerárquicas de dirección o administración o que lo represente

ante terceros o terceras.

Los directores, directoras, gerentes, administradores,

administradoras, jefes o jefas de relaciones industriales, jefes o

jefas de personal, capitanes o capitanas de buques o

aeronaves, liquidadores, liquidadoras, depositarios, depositarias

y demás personas que ejerzan funciones de dirección o

administración se considerarán representantes del patrono o de

Decreto 8.938 Pág. 18

la patrona aunque no tengan poder de representación, y

obligarán a su representado o representada para todos los fines

derivados de la relación de trabajo.

De la notificación al patrono o patrona

Artículo 42. La notificación al patrono o patrona, se hará

mediante un cartel que indicara, el día y la hora acordada para

la celebración del acto, el cual se entregará a cualquiera de las

siguientes personas: patrono o patrona, directores, gerentes,

administradores, jefes de personal, o cualquier otro u otra que

ejerza funciones de dirección, control, supervisión o de

vigilancia, pudiendo igualmente el funcionario o funcionaria del

trabajo consignar la copia del cartel en la secretaria o en la

oficina de correspondencia si la hubiere, debiendo dejar

constancia del nombre apellido, cedula y cargo de la persona

que recibió la copia del cartel. De existir negativa por parte de

la persona notificada de recibir el cartel, y de ser imposible la

notificación personal el funcionario o funcionaria del trabajo

fijara el cartel en la puerta de la entidad de trabajo y a partir de

la fecha de la fijación comenzara a correr el lapso para la

celebración del acto. El funcionario o la funcionaria del Trabajo

dejara constancia en el expediente de haber cumplido la

notificación.

También podrá realizarse la notificación, conforme a lo

preceptuado en los artículos 126, en sus apartes, Segundo,

Tercero, y Cuarto y 127 de la Ley Orgánica Procesal del

Trabajo.

Hecha la notificación para el primer acto, las partes quedan a

derecho y no habrá necesidad de nueva notificación para

ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente

señalados en esta Ley.

Responsabilidad objetiva del patrono o patrona

Artículo 43. Todo patrono o patrona garantizará a sus

trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y

ambiente de trabajo adecuado, y son responsables por los

accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales

acontecidas a los trabajadores, trabajadoras, aprendices,

Decreto 8.938 Pág. 19

pasantes, becarios y becarias en la entidad de trabajo, o con

motivo de causas relacionadas con el trabajo. La

responsabilidad del patrono o patrona se establecerá exista o

no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores,

trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios o becarias, y se

procederá conforme a esta Ley en materia de salud y seguridad

laboral.

Participación en salud y seguridad

Artículo 44. Los patronos o patronas están en la obligación de

garantizar que los delegados y delegadas de prevención

dispongan de facilidades para el cumplimiento de sus funciones,

y que los comités de salud y seguridad laboral cuenten con la

participación de todos y todas sus integrantes, y sus

recomendaciones sean adoptadas en la entidad de trabajo.

Entidad de trabajo

Artículo 45. Para los fines de esta Ley se entenderá por

entidad de trabajo lo siguiente:

a) La empresa o unidad de producción de bienes o servicios

constituida para realizar una actividad económica de

cualquier naturaleza o importancia.

b) El establecimiento o la reunión de medios materiales y de

trabajadores y trabajadoras permanentes que laboran en

un mismo lugar, en una misma tarea, de cualquier

naturaleza o importancia, y que tienen una dirección

técnica común.

c) Toda combinación de factores de la producción sin

personalidad jurídica propia, ni organización permanente

que busca satisfacer necesidades y cuyas operaciones se

refieren a un mismo centro de actividad económica.

d) Toda actividad que envuelva la prestación del trabajo en

cualquiera condiciones.

e) Los órganos y entes del Estado prestadores de servicio.

Decreto 8.938 Pág. 20

Grupo de entidades de trabajo

Artículo 46. Los patronos o patronas que integraren un grupo

de entidades de trabajo serán solidariamente responsables

entre sí respecto de las obligaciones laborales contraídas con

sus trabajadores y trabajadoras.

Se considerará que existe un grupo de entidades de trabajo

cuando se encuentran sometidas a una administración o control

común y constituyan una unidad económica de carácter

permanente, con independencia de las diversas personas

naturales o jurídicas que tengan a su cargo la explotación de las

mismas.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de un

grupo de entidades de trabajo cuando:

1. Existiere relación de dominio accionario de unas personas

jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder

decisorio fueran comunes.

2. Las juntas administradoras u órganos de dirección

involucrados estuvieron conformados, en proporción

significativa, por las mismas personas.

3. Utilicen una idéntica denominación, marca o emblema, o

4. Desarrollen en conjunto actividades que evidenciaren su

integración.

Tercerización

Artículo 47. A los efectos de esta Ley se entiende por

tercerización la simulación o fraude cometido por patronos o

patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer

u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Los órganos

administrativos o judiciales con competencia en materia laboral,

establecerán la responsabilidad que corresponda a los patronos

o patronas en caso de simulación o fraude laboral, conforme a

esta Ley.

Prohibición de tercerización

Decreto 8.938 Pág. 21

Artículo 48. Queda prohibida la tercerización, por tanto no se

permitirá:

1. La contratación de entidad de trabajo para ejecutar obras,

servicios o actividades que sean de carácter permanente

dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo

contratante, relacionadas de manera directa con el proceso

productivo de la contratante y sin cuya ejecución se

afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma.

2. La contratación de trabajadores o trabajadoras a través de

intermediarios o intermediarias, para evadir las

obligaciones derivadas de la relación laboral del

contratante.

3. Las entidades de trabajo creadas por el patrono o patrona

para evadir las obligaciones con los trabajadores y

trabajadoras.

4. Los contratos o convenios fraudulentos destinados a

simular la relación laboral, mediante la utilización de

formas jurídicas propias del derecho civil o mercantil.

5. Cualquier otra forma de simulación o fraude laboral.

En los casos anteriores los patronos o patronas cumplirán con

los trabajadores y trabajadoras todas las obligaciones derivadas

de la relación laboral conforme a esta Ley, e incorporarán a la

nómina de la entidad de trabajo contratante principal a los

trabajadores y trabajadoras tercerizados o tercerizadas, que

gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados

efectivamente a la entidad de trabajo.

Contratista

Artículo 49. Son contratistas las personas naturales o jurídicas

que mediante contrato se encargan de ejecutar obras o

servicios con sus propios elementos o recursos propios, y con

trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia.

Decreto 8.938 Pág. 22

La contratista no se considerará intermediario o tercerizadora.

Obra inherente o conexa

Artículo 50. A los efectos de establecer la responsabilidad

solidaria del ejecutor o ejecutora de la obra o beneficiario del

servicio, se entiende por inherente, la obra que participa de la

misma naturaleza de la actividad a que se dedica el o la

contratante; y por conexa, la que está en relación íntima y se

produce con ocasión de ella.

La responsabilidad del ejecutor o ejecutora de la obra o

beneficiario del servicio se extiende hasta los trabajadores

contratados y trabajadoras contratadas por subcontratistas, aun

en el caso de que el o la contratista no esté autorizado o

autorizada para subcontratar; y los trabajadores o trabajadoras

referidos o referidas gozarán de los mismos beneficios que

correspondan a los trabajadores empleados y trabajadoras

empleadas en la obra o servicio.

Cuando un o una contratista realice habitualmente obras o

servicios para una entidad de trabajo en un volumen que

constituya su mayor fuente de lucro, se presumirá que su

actividad es inherente o conexa con la de la entidad de trabajo

que se beneficie con ella.

Si se determina que la contratación de obras o servicios

inherentes o conexos sirve al propósito de simular la relación

laboral y cometer fraude a esta Ley, se considerará

tercerización.

Capítulo VI

De la Prescripción de las Acciones

Prescripción de las acciones

Artículo 51. Las acciones provenientes de los reclamos por

prestaciones sociales prescribirán al cumplirse diez años

contados desde la fecha de terminación de la prestación de los

Decreto 8.938 Pág. 23

servicios de conformidad con lo establecido en la Constitución

de la República Bolivariana de Venezuela.

El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo

prescribirán al cumplirse cinco años, contados a partir de la

fecha de terminación de la prestación de los servicios. En los

casos de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, el

lapso de prescripción de cinco años se aplicará conforme a lo

establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y

Medio Ambiente de Trabajo.

Interrupción de la prescripción

Artículo 52. La prescripción de las acciones, provenientes de

la relación de trabajo, se interrumpe:

a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se

haga ante un juez incompetente.

b) Por la reclamación intentada por ante el organismo

ejecutivo competente, cuando se trate de reclamaciones

contra la República u otras entidades de la administración

pública nacional, estadal o municipal, centralizada o

descentralizada.

c) Por la reclamación intentada por ante una autoridad

administrativa del trabajo, o por acuerdos o transacciones

celebrados ante el funcionario o funcionaria competente

del trabajo, que pudieran hacerse extensivos a los

derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras.

d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil.

TÍTULO II

DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

Capítulo I

Disposiciones Generales

Decreto 8.938 Pág. 24

Presunción de la relación de trabajo

Artículo 53. Se presumirá la existencia de una relación de

trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo

reciba.

Se exceptuarán aquellos casos en los cuales, por razones de

orden ético o de interés social, se presten servicios a la

sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con propósitos

distintos a los planteados en la relación laboral.

Remuneración de la prestación de servicio

Artículo 54. La prestación de servicio en la relación de trabajo

será remunerada. Toda violación a esta norma por parte del

patrono o de la patrona, acarreará las sanciones previstas en

esta Ley.

Capítulo II

Del Contrato de Trabajo

Contrato de trabajo

Artículo 55. El contrato de trabajo, es aquel mediante el cual

se establecen las condiciones en las que una persona presta sus

servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia, a

cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las

disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela y esta Ley.

Obligaciones de las partes

Artículo 56. El contrato de trabajo, obligará a lo expresamente

pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la

Ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local, la

equidad y el trabajo como hecho social.

Decreto 8.938 Pág. 25

Régimen supletorio

Artículo 57. Si en el contrato de trabajo celebrado entre un

patrono o una patrona y un trabajador o una trabajadora no

hubiere estipulaciones expresas respecto al servicio que deba

prestarse y a la remuneración, éstos se ajustarán a las normas

siguientes:

a) El trabajador o trabajadora estará obligado u obligada a

desempeñar los servicios que sean compatibles con sus

fuerzas, aptitudes, estado o condición, y que sean del

mismo género de los que formen el objeto de la actividad a

que se dedique el patrono o la patrona.

b) La remuneración y demás beneficios deberán ser

adecuados a la naturaleza y magnitud de los servicios y no

podrán ser inferiores al salario mínimo, ni a lo que se

pague por trabajos de igual naturaleza en la localidad y en

la propia entidad de trabajo.

El patrono o la patrona no puede modificar las condiciones de

trabajo si implican desmejora para el trabajador o trabajadora;

si ponen en peligro su integridad, o si van contra la normativa

prevista en esta Ley, su reglamento y demás leyes que rigen la

materia.

Forma del contrato de trabajo

Artículo 58. El contrato de trabajo se hará preferentemente

por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de

la relación de trabajo en caso de celebrarse en forma oral.

Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato

escrito, se presumen ciertas, hasta prueba en contrario, todas

las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajadora

sobre su contenido.

Contenido del contrato de trabajo

Artículo 59. El contrato de trabajo escrito se extenderá en dos

ejemplares originales, uno de los cuales se entregará al

trabajador o trabajadora, mientras el otro lo conservará el

patrono o la patrona. Este contendrá las especificaciones

siguientes:

Decreto 8.938 Pág. 26

1. El nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad,

edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes.

2. Cuando se trate de personas jurídicas, los datos

correspondientes a su denominación y domicilio y la

identificación de la persona natural que la represente.

3. La denominación del puesto de trabajo o cargo, con una

descripción de los servicios a prestar, que se determinará

con la mayor precisión posible.

4. La fecha de inicio de la relación de trabajo.

5. La indicación expresa del contrato a tiempo indeterminado,

a tiempo determinado o por una obra determinada.

6. La indicación del tiempo de duración, cuando se trate de

un contrato a tiempo determinado.

7. La obra o la labor que deba realizarse, cuando se trate de

un contrato para una obra determinada.

8. La duración de la jornada ordinaria de trabajo.

9. El salario estipulado o la manera de calcularlo y su forma y

lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir.

10. El lugar donde deban prestarse los servicios.

11. La mención de las convenciones colectivas o acuerdos

colectivos aplicables, según el caso.

12. El lugar de celebración del contrato de trabajo.

13. Cualesquiera otras estipulaciones lícitas que acuerden las

partes.

14. Los demás establecidos en los reglamentos de esta Ley.

El patrono o la patrona deberá dejar constancia de la fecha y

hora de haber entregado al trabajador o trabajadora el

ejemplar del contrato de trabajo mediante acuse de recibo

Decreto 8.938 Pág. 27

debidamente suscrito por éste o ésta en un libro que llevará a

tal efecto, de conformidad con los reglamentos y resoluciones

de esta Ley. El otro ejemplar del contrato de trabajo deberá ser

conservado por el patrono o la patrona desde el inicio de la

relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas

de ella.

Modalidades del contrato de trabajo

Artículo 60. El contrato de trabajo podrá celebrarse por

tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra

determinada.

Contrato a tiempo indeterminado

Artículo 61. El contrato de trabajo se considerará celebrado

por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la

voluntad de las partes, en forma inequívoca, de vincularse sólo

con ocasión de una obra determinada o por tiempo

determinado.

Se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo

indeterminado, salvo las excepciones previstas en esta Ley. Las

relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra

determinada son de carácter excepcional y, en consecuencia,

las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva.

Contrato a tiempo determinado

Artículo 62. El contrato celebrado por tiempo determinado

concluirá por la expiración del término convenido y no perderá

su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga.

En caso de dos prórrogas, el contrato se considerará por tiempo

indeterminado, a no ser que existan razones especiales que

justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de

continuar la relación.

Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando,

vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se

celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los tres

meses siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se

Decreto 8.938 Pág. 28

demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la

relación.

El contrato de trabajo se considerará por tiempo indeterminado,

si existe la intención por parte del patrono o de la patrona de

interrumpir la relación laboral a través de mecanismos que

impidan la continuidad de la misma.

En los contratos por tiempo determinado los trabajadores y las

trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicios por más de

un año.

Contrato para una obra determinada

Artículo 63. El contrato para una obra determinada deberá

expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el

trabajador o trabajadora.

El contrato durará por todo el tiempo requerido para la

ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma.

Se considerará que la obra ha concluido cuando ha finalizado la

parte que corresponde al trabajador o trabajadora dentro de la

totalidad proyectada por el patrono o la patrona.

Si dentro de los tres meses siguientes a la terminación de un

contrato de trabajo para una obra determinada, las partes

celebran un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se

entenderá que han querido obligarse, desde el inicio de la

relación, por tiempo indeterminado.

En la industria de la construcción, la naturaleza de los contratos

para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuere el

número sucesivo de ellos.

Supuestos de contrato a tiempo determinado

Artículo 64. El contrato de trabajo, podrá celebrarse por

tiempo determinado únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando lo exija la naturaleza del servicio.

Decreto 8.938 Pág. 29

b) Cuando tenga por objeto sustituir provisional y lícitamente

a un trabajador o trabajadora.

c) Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras de

nacionalidad venezolana que prestarán servicios fuera del

territorio del República Bolivariana de Venezuela, de

conformidad con lo establecido en esta Ley.

d) Cuando no haya terminado la labor para la que fue

contratado el trabajador o trabajadora y se siga

requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo

trabajador o trabajadora u otro o otra.

Será nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado por

causas distintas a las antes señaladas, en consecuencia, el

trabajador o trabajadora se encontrará investido de la

estabilidad propia prevista en esta Ley.

Contratos de trabajo para prestación

de servicios en el exterior

Artículo 65. Los contratos de trabajo celebrados por trabajadores

venezolanos y trabajadoras venezolanas para la prestación de

servicios fuera del país deberán extenderse por escrito, ser

autenticados ante funcionarios o funcionarias competentes del

lugar donde se celebren y legalizados por un funcionario o

funcionaria consular de la nación donde deban prestar sus

servicios. El patrono o la patrona deberá otorgar fianza o

constituir depósito en un banco venezolano, a entera satisfacción

de la Inspectoría del Trabajo, por una cantidad igual al monto de

los gastos de repatriación del trabajador o trabajadora y los de su

traslado hasta el lugar de su residencia.

Además, serán parte integrante de dichos contratos las

estipulaciones siguientes:

a) Los gastos de transporte y alimentación del trabajador o

trabajadora y todos los que se originen por el cumplimiento

de obligaciones sobre inmigración u otro concepto semejante,

serán por cuenta del patrono o de la patrona.

b) Se aplicarán las disposiciones de la legislación social

venezolana.

Decreto 8.938 Pág. 30

c) El trabajador o trabajadora deberá recibir del patrono o de la

patrona, antes de su salida, información escrita sobre las

condiciones generales de vida y requisitos a que deberá

someterse en el país donde va a prestar sus servicios.

Capítulo III

De la Sustitución de Patrono o Patrona

Definición de sustitución de patrono o patrona

Artículo 66. Existirá sustitución de patrono o patrona, cuando

por cualquier causa se transfiera la propiedad, la titularidad de

una entidad de trabajo o parte de ella, a través de cualquier título,

de una persona natural o jurídica a otra, por cualquier causa y

continúen realizándose las labores de la entidad de trabajo aún

cuando se produzcan modificaciones.

Excepción a la sustitución de patrono o patrona

Artículo 67. No se considerará sustitución de patrono o

patrona, cuando después del cierre de una entidad de trabajo,

el Estado realice la adquisición forzosa de los bienes para

reactivar la actividad económica y productiva, como medida de

protección al trabajo y al proceso social de trabajo,

independientemente que sean los mismos trabajadores y

trabajadoras y sean las mismas instalaciones.

Las deudas del patrono o patrona con los trabajadores y

trabajadoras, serán canceladas por dicho patrono o patrona, o

descontadas del precio convenido a pagar por el Estado, o

garantizando su pago por éste en acuerdo con los trabajadores

y trabajadoras.

Efectos y solidaridad

Artículo 68. La sustitución de patrono o patrona, no afectará

las relaciones individuales y colectivas de trabajo existentes. El

patrono o la patrona sustituido o sustituida, será solidariamente

responsable con el nuevo patrono o la nueva patrona, por las

obligaciones derivadas de esta Ley, de los contratos

individuales, de las convenciones colectivas, los usos y

Decreto 8.938 Pág. 31

costumbres, nacidos antes de la sustitución, hasta por el

término de cinco años.

Concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad

del nuevo patrono o de la nueva patrona, salvo que existan

juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias

definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono

sustituido o la patrona sustituida o contra el sustituto o la

sustituta. La responsabilidad del patrono sustituido o patrona

sustituida sólo subsistirá, en este caso, por el término de cinco

años contados a partir de la fecha en que la sentencia quede

definitivamente firme.

Derecho de los trabajadores y trabajadoras

Artículo 69. La sustitución del patrono o de la patrona deberá

ser previamente notificada a los trabajadores, trabajadoras y su

organización sindical; al inspector o inspectora del trabajo. La

sustitución de patrono o patrona no surtirá efecto en perjuicio

del trabajador o trabajadora.

Hecha la notificación, si el trabajador o trabajadora considerase

inconveniente la sustitución para sus intereses, dentro de los

tres meses siguientes, podrá exigir la terminación de la relación

de trabajo y el pago de las prestaciones e indemnizaciones

conforme a lo establecido en esta Ley.

Pago Anticipado

Artículo 70. En el caso que se pague al trabajador o

trabajadora prestaciones e indemnizaciones con motivo de la

sustitución de patrono o patrona y continúe prestando sus

servicios a la entidad de trabajo, el pago recibido se considerará

como un anticipo de lo que en definitiva le corresponda al

terminar la relación de trabajo.

Capítulo IV

De la Suspensión de la Relación de Trabajo

Decreto 8.938 Pág. 32

Suspensión de la relación de trabajo

Artículo 71. La suspensión de la relación de trabajo, no pone

fin a la vinculación jurídica laboral existente entre el patrono o

la patrona y el trabajador o trabajadora.

Supuestos de la suspensión

Artículo 72. La suspensión de la relación de trabajo procede

en los siguientes casos:

a) La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que

incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación

del servicio durante un período que no exceda de doce

meses.

b) La enfermedad o accidente común no ocupacional que

incapacite al trabajador o trabajadora para la prestación

del servicio durante un período que no exceda los doce

meses.

c) Licencia o permiso por maternidad o paternidad.

d) El cumplimiento del deber constitucional de prestar servicio

civil o militar.

e) El conflicto colectivo declarado de conformidad con esta

Ley.

f) La privación de libertad en el proceso penal, siempre y

cuando no resulte en sentencia condenatoria.

g) El permiso para el cuidado del cónyuge o la cónyuge,

ascendientes y descendientes hasta el primer grado de

consanguinidad, en caso de necesidad y por el tiempo

acordado entre las partes.

h) La licencia concedida al trabajador o trabajadora por el

patrono o la patrona para realizar estudios o para otras

finalidades de su interés.

i) Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión

temporal de las labores, en cuyo caso deberá solicitarse

Decreto 8.938 Pág. 33

autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia de los

hechos que ameritan la suspensión, la cual no podrá

exceder de sesenta días.

Efectos de la suspensión de la relación de trabajo

Artículo 73. Durante el tiempo que dure la suspensión, el

trabajador o trabajadora no estará obligado a prestar el servicio

ni el patrono o la patrona a pagar el salario.

En los casos de los literales a) y b) del artículo anterior, el

patrono o la patrona pagará al trabajador o trabajadora la

diferencia entre su salario y lo que pague el ente con

competencia en materia de seguridad social. En caso que el

trabajador o trabajadora no se encuentre afiliado a la seguridad

social por responsabilidad del patrono o de la patrona, éste o

ésta pagará la totalidad del salario.

El tiempo de la suspensión se computará para la antigüedad del

trabajador o trabajadora.

El patrono o la patrona deberá continuar cumpliendo con las

obligaciones relativas a:

a) La dotación de vivienda y alimentación del trabajador o

trabajadora, en cuanto fuera procedente.

b) Las cotizaciones establecidas por el Sistema de Seguridad

Social.

c) Las obligaciones convenidas para estos supuestos en las

convenciones colectivas.

d) Los casos que por motivo de justicia social establezcan los

reglamentos y resoluciones de esta Ley.

e) Prohibición de despido, traslado o desmejora

Protección durante la suspensión

Decreto 8.938 Pág. 34

Artículo 74. Durante la suspensión, el patrono o patrona no

podrá despedir, trasladar ni desmejorar en sus condiciones de

trabajo, al trabajador o trabajadora afectado por ella, sin causa

justificada debidamente comprobada mediante el procedimiento

de calificación de faltas establecido en esta Ley. Si por

necesidades del patrono o la patrona, tuviere que proveer su

vacante temporalmente, el trabajador o trabajadora será

reintegrado a su puesto de trabajo al cesar la suspensión.

Reincorporación al trabajo

Artículo 75. Cesada la suspensión, el trabajador o trabajadora

tendrá derecho a continuar prestando servicios en las mismas

condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella,

salvo que:

a) Por circunstancias de accidente de trabajo, enfermedad

ocupacional o accidente o enfermedad común, resultare

discapacitado para desempeñar las funciones inherentes a

su puesto de trabajo.

b) Otros casos especiales.

En estos casos el trabajador o la trabajadora será reubicado por

el patrono o patrona en un puesto de trabajo adecuado a la

nueva situación.

Capítulo V

De la Terminación de la Relación de Trabajo

Causas de terminación de la relación de trabajo

Artículo 76. La relación de trabajo puede terminar por

despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la

voluntad de ambas.

Clases de despido

Artículo 77. Se entenderá por despido la manifestación de

voluntad unilateral del patrono o de la patrona de poner fin a la

relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o

trabajadoras. El despido será:

Decreto 8.938 Pág. 35

a) Justificado, cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido

en una causa prevista por esta Ley.

b) No justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o

trabajadora haya incurrido en causa legal que lo justifique.

Esta Ley establece la garantía de estabilidad en el trabajo y la

limitación de toda forma de despido no justificado. Los despidos

contrarios a esta Ley son nulos.

Definición de retiro

Artículo 78. Se entenderá por retiro la manifestación de

voluntad unilateral del trabajador o trabajadora de poner fin a

la relación de trabajo, siempre y cuando la misma se realice en

forma espontánea y libre de coacción.

Causas justificadas de despido

Artículo 79. Serán causas justificadas de despido, los

siguientes hechos del trabajador o trabajadora:

a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo.

b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa.

c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al

patrono o a la patrona, a sus representantes o a los

miembros de su familia que vivan con él o ella.

d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud

y la seguridad laboral.

e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la

seguridad o higiene del trabajo.

f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días

hábiles en el período de un mes, el cual se computará a

partir de la primera inasistencia. La enfermedad del

trabajador o trabajadora se considerará causa justificada

Decreto 8.938 Pág. 36

de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora

deberá, siempre que no existan circunstancias que lo

impida, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo

imposibilite para asistir al trabajo.

g) Perjuicio material causado intencionalmente o con

negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles

de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias

primas o productos elaborados o en elaboración,

plantaciones y otras pertenencias.

h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o

procedimiento.

i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de

trabajo.

j) Abandono del trabajo.

k) Acoso laboral o acoso sexual.

Se entiende por abandono del trabajo:

a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador o

trabajadora durante las horas laborales del sitio trabajo,

sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a éste

represente.

b) La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido

destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el

respectivo contrato o con la Ley. No se considerará

abandono del trabajo, la negativa del trabajador o

trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro

inminente y grave para su vida o su salud.

c) La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del

trabajador o trabajadora que tuviere a su cargo alguna

tarea o máquina, cuando esa falta signifique una

perturbación en la marcha del proceso productivo, la

prestación del servicio o la ejecución de la obra.

Decreto 8.938 Pág. 37

Causas justificadas de retiro

Artículo 80. Serán causas justificadas de retiro los siguientes

hechos del patrono o de la patrona, sus representantes o

familiares que vivan con él o ella:

a) Falta de probidad.

b) Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o

trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o

ella.

c) Vías de hecho.

d) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al

trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que

vivan con él o ella.

e) La sustitución de patrono o patrona cuando el trabajador o

trabajadora considere inconveniente la sustitución para sus

intereses.

f) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la

salud y seguridad del trabajo.

g) Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones

que le impone la relación de trabajo.

h) Acoso laboral o acoso sexual.

i) En los casos que el trabajador o trabajadora haya sido

despedido sin causa justa y, luego de ordenado su

reenganche, él o ella decida dar por concluida la relación

de trabajo.

j) Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto.

Se considerará despido indirecto:

a) La exigencia que haga el patrono o la patrona al trabajador

o trabajadora para que realice un trabajo de índole

manifiestamente distinta de aquel al que está obligado por

Decreto 8.938 Pág. 38

el contrato o por la Ley, o que sea incompatible con la

dignidad y capacidad profesional del trabajador o

trabajadora, o de que preste sus servicios en condiciones

que acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el

contrato se haya convenido lo contrario o la naturaleza del

trabajo, implique cambios sucesivos de residencia para el

trabajador o trabajadora, o que el cambio sea justificado y

no acarree perjuicio a éste.

b) La reducción del salario.

c) El traslado del trabajador o trabajadora a un puesto

inferior.

d) El cambio arbitrario del horario de trabajo.

e) Otros hechos semejantes que alteren las condiciones

existentes de trabajo.

En todos estos casos el trabajador o la trabajadora tendrá

derecho a recibir, además de sus prestaciones sociales, un

monto equivalente a éstas por concepto de indemnización.

No se considerará despido indirecto:

a) La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto

original, cuando sometido a un período de prueba en un

puesto de categoría superior se le restituye a aquél. El

período de prueba no podrá exceder de noventa días.

b) La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto

original después de haber desempeñado temporalmente,

por tiempo que no exceda de ciento ochenta días, un

puesto superior por falta del titular o de la titular de dicho

puesto.

c) El traslado temporal de un trabajador o trabajadora, en

caso de emergencia, a un puesto inferior, dentro de su

propia ocupación y con su sueldo anterior, por un lapso

que no exceda de noventa días.

Preaviso por retiro

Decreto 8.938 Pág. 39

Artículo 81. Cuando la relación de trabajo por tiempo

indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador o

trabajadora, sin que haya causa legal que lo justifique, éste

deberá dar al patrono o a la patrona un preaviso conforme a las

reglas siguientes:

a) Después de un mes de trabajo ininterrumpido, con una

semana de anticipación.

b) Después de seis meses de trabajo ininterrumpido, con una

quincena de anticipación.

c) Después de un año de trabajo ininterrumpido, con un mes

de anticipación.

En caso de preaviso omitido, el patrono o la patrona, deberá

pagar al trabajador o trabajadora, los beneficios

correspondientes hasta la fecha en que prestó servicio.

Improcedencia del preaviso

Artículo 82. Cualquiera de las partes podrá dar por terminada

la relación de trabajo, sin previo aviso, cuando exista causa

justificada para ello. Esta causa no podrá invocarse si hubieren

transcurrido treinta días continuos desde aquel en que el

patrono, la patrona o el trabajador o la trabajadora haya tenido

o debido tener conocimiento del hecho que constituya causa

justificada, para terminar la relación por voluntad unilateral.

Indemnización por rescisión del contrato

Artículo 83. En los contratos de trabajo para una obra

determinada o por tiempo determinado, cuando el trabajador o

trabajadora se retire justificadamente antes de la conclusión de

la obra o del vencimiento del término, el patrono o la patrona

deberá pagarle una indemnización de daños y perjuicios cuyo

monto será igual al importe de los salarios que devengaría

hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término y la

indemnización prevista en esta Ley.

Decreto 8.938 Pág. 40

Constancia de trabajo

Artículo 84. A la terminación de la relación de trabajo, cuando

el trabajador o trabajadora lo exija, el patrono o la patrona

deberá expedirle una constancia de trabajo, donde se exprese:

a) La duración de la relación de trabajo.

b) El último salario devengado.

c) El oficio desempeñado.

En dicha constancia no se podrá hacer ninguna otra mención

distinta de las señaladas en este artículo.

Capítulo VI

De la Estabilidad en el Trabajo

Estabilidad

Artículo 85. La estabilidad es el derecho que tienen los

trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de

trabajo. Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone

lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado,

conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta

Ley son nulos.

Garantía de estabilidad

Artículo 86. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la

garantía de permanencia en su trabajo, si no hay causas que

justifiquen la terminación de la relación laboral. Cuando un

trabajador o trabajadora haya sido despedido sin que haya

incurrido en causas que lo justifiquen, podrá solicitar la

reincorporación a su puesto de trabajo de conformidad a lo

previsto en esta Ley.

Trabajadores y trabajadoras

amparados por la estabilidad

Decreto 8.938 Pág. 41

Artículo 87. Estarán amparados por la estabilidad prevista en

esta Ley:

1. Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a

partir del primer mes de prestación de servicio.

2. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas

por tiempo determinado, mientras no haya vencido el

término del contrato.

3. Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas

para una obra determinada, hasta que haya concluido la

totalidad de las tareas a ejecutarse por el trabajador o

trabajadora, para las cuales fueron expresamente

contratados y contratadas.

Los trabajadores y las trabajadoras de dirección, no estarán

amparados por la estabilidad prevista en esta Ley.

Procedimiento aplicable

Artículo 88. El procedimiento aplicable en materia de

estabilidad laboral será el previsto en esta Ley y en la Ley

Orgánica Procesal del Trabajo. La sentencia emanada del

Tribunal Superior del Trabajo competente es definitivamente

firme e irrecurrible.

Procedimiento de estabilidad

Artículo 89. Cuando el patrono o patrona despida a uno o más

trabajadores o trabajadoras amparados o amparadas por

estabilidad laboral deberá participarlo al Juez o la Jueza de

Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción,

indicando las causas que justifiquen el despido, dentro de los

cinco días hábiles siguientes, de no hacerlo se le tendrá por

confeso, en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa

causa.

Asimismo, el trabajador o trabajadora podrá acudir ante el Juez

o Jueza de Sustanciación, Mediación y Ejecución, cuando no

estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada

para despedirlo o despedirla, a fin de que el Juez o Jueza de

Decreto 8.938 Pág. 42

Juicio la califique y ordene su reenganche y pago de los salarios

caídos, si el despido no se fundamenta en justa causa, de

conformidad con la Ley. Si el trabajador o trabajadora dejare

transcurrir el lapso de diez días hábiles sin solicitar la

calificación del despido, perderá el derecho a reenganche, pero

no así los demás que le correspondan en su condición de

trabajador o trabajadora, los cuales podrá demandar ante el

Tribunal del Trabajo competente.

Decisión del procedimiento

Artículo 90. El Juez o Jueza de Juicio deberá decidir de

manera oral sobre el fondo de la causa y declarar con o sin

lugar la solicitud de reenganche y el pago de los salarios caídos.

Ejecución forzosa de la decisión

Artículo 91. Definitivamente firme la sentencia del Juez o

Jueza de Juicio que declaró con lugar la solicitud de calificación

de despido incoada por el trabajador o trabajadora, se

procederá a su reenganche y al pago de los salarios caídos

durante el procedimiento y hasta la efectiva reincorporación del

trabajador o trabajadora a su puesto de trabajo.

El patrono o patrona deberá cumplir voluntariamente con la

sentencia dentro de los tres días hábiles siguientes a su

publicación, si no lo hiciere a partir del cuarto día hábil el Juez o

Jueza de Sustanciación, Mediación y Ejecución, procederá a la

ejecución forzosa de la sentencia, embargando, en vía

ejecutiva, bienes del patrono o patrona para satisfacer el pago

de los salarios caídos causados o que se causaren, hasta el

reenganche efectivo del trabajador o trabajadora demandante.

Si el demandado o demandada se negare a cumplir con la

orden judicial de reenganche, incurrirá en el delito de desacato

a la autoridad judicial con pena de prisión de seis a quince

meses. A los fines de establecer las responsabilidades penales a

que haya lugar, el Juez o Jueza del Trabajo oficiará al Ministerio

Público.

Indemnización por terminación de la relación de trabajo

por causas ajenas al trabajador o trabajadora

Decreto 8.938 Pág. 43

Artículo 92. En caso de terminación de la relación de trabajo

por causas ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora, o

en los casos de despido sin razones que lo justifiquen cuando

el trabajador o la trabajadora manifestaran su voluntad de no

interponer el procedimiento para solicitar el reenganche, el

patrono o patrona deberá pagarle una indemnización

equivalente al monto que le corresponde por las prestaciones

sociales.

Improcedencia o terminación del

procedimiento de estabilidad

Artículo 93. Si el trabajador amparado o trabajadora

amparada por la estabilidad recibiere voluntariamente lo que le

corresponde por concepto de sus prestaciones sociales, más un

monto equivalente a éstas por concepto de indemnización, no

se llevará a cabo el procedimiento de estabilidad.

En caso que la aceptación de dichos pagos por parte del

trabajador o trabajadora se hiciere en el curso del

procedimiento indicado, éste terminará con el pago adicional de

los salarios caídos.

Inamovilidad

Artículo 94. Los trabajadores y trabajadoras protegidos de

inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni

desmejorados sin una causa justificada la cual deberá ser

previamente calificada por el inspector o inspectora del trabajo.

El despido, traslado o desmejora de un trabajador o trabajadora

protegido de inamovilidad son contrarios a lo previsto en la

Constitución y en esta Ley.

El Ejecutivo Nacional podrá ampliar la inamovilidad laboral

prevista en esta Ley como medida de protección de los

trabajadores y trabajadoras, en el proceso social de trabajo.

La protección de la garantía de inamovilidad de los trabajadores

y trabajadoras amparados por ella, se realizará mediante el

procedimiento contenido en esta Ley, que es gratuito,

accesible, transparente, expedito, sin dilaciones indebidas y sin

formalismos o reposiciones inútiles. El mismo expresa la

Decreto 8.938 Pág. 44

autoridad del poder popular en materia del trabajo y seguridad

social, y sus actos, resoluciones o providencias se ejecutarán

efectivamente y no serán objeto de impugnación en vía

jurisdiccional, sin previo cumplimiento del acto administrativo.

Despido masivo

Artículo 95. El despido se considerará masivo cuando afecte a

un número igual o mayor al diez por ciento de los trabajadores

o trabajadoras de una entidad de trabajo que tenga más de

cien trabajadores o trabajadoras, o al veinte por ciento de una

entidad de trabajo que tenga más de cincuenta trabajadores o

trabajadoras, o a diez trabajadores o trabajadoras de una

entidad de trabajo que tenga menos de cincuenta dentro de un

lapso de tres meses, o aún mayor si las circunstancias le dieren

carácter crítico.

Cuando se realice un despido masivo, el Ministerio con

competencia en trabajo y seguridad social podrá, por razones

de interés social, suspenderlo mediante resolución especial.

TÍTULO III

DE LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y LAS

CONDICIONES DE TRABAJO

Capítulo I

Del Salario

Sección Primera: Disposiciones Generales

La riqueza como producto social

Artículo 96. La riqueza es un producto social, generado

principalmente por los trabajadores y trabajadoras en el

proceso social de trabajo. Su justa distribución debe garantizar

una vida digna junto a su familia, cubriendo las necesidades

materiales, sociales e intelectuales. La ley establecerá los

mecanismos para salvaguardar las condiciones en las que esta

se produce.

Decreto 8.938 Pág. 45

Protección de la familia y el ingreso

Artículo 97. Para la protección del ingreso familiar, el Estado

en corresponsabilidad con la sociedad y las organizaciones del

Poder Popular garantizará la salud y la educación públicas y

gratuitas; tomará las medidas necesarias y formulará las

políticas tendientes a mejorar las condiciones de las familias y a

fortalecer su ingreso.

Derecho al salario

Artículo 98. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un

salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para

sí y su familia las necesidades materiales, sociales e

intelectuales. El salario goza de la protección especial del

Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata.

Toda mora en su pago genera intereses.

Libre estipulación del salario

Artículo 99. El salario se estipulará libremente garantizando la

justa distribución de la riqueza. En ningún caso será inferior al

salario mínimo fijado por el Ejecutivo Nacional, conforme a la

Ley.

Fijación

Artículo 100. Para fijar el monto del salario se tendrá en

cuenta:

1. La satisfacción de las necesidades materiales, sociales e

intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus familiares y

dependientes, que les permitan una vida digna y decorosa.

2. La justa distribución de la riqueza como el reconocimiento

del mayor valor del trabajo frente al capital.

3. La cantidad y calidad del servicio prestado.

4. El principio de igual salario por igual trabajo.

Decreto 8.938 Pág. 46

5. La equivalencia con los salarios devengados por

trabajadores y trabajadoras de la localidad, o de aquellos y

aquellas que presten el mismo servicio.

Libre disponibilidad del salario

Artículo 101. Los trabajadores y trabajadoras dispondrán

libremente de su salario. Es nula cualquier limitación a este

derecho no prevista en la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela o la ley.

Prohibición de cobro de comisiones bancarias

Artículo 102. Se prohíbe el cobro de comisiones bancarias u

obligar a mantener un determinado saldo en cuenta a los

trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, pensionados

y pensionadas, con motivo de la apertura, mantenimiento de

sus cuentas de nómina por parte de las entidades financieras.

Ninguna entidad financiera podrá negarse, abstenerse o

presentar impedimentos para la apertura de cuentas de nómina

para el pago de salarios, jubilaciones y pensiones.

Irrenunciabilidad del salario

Artículo 103. El derecho al salario es irrenunciable y no puede

cederse en todo o en parte, a título gratuito u oneroso, salvo a

los hijos e hijas y al cónyuge o persona con quien tenga unión

estable de hecho el trabajador o trabajadora.

Los trabajadores y trabajadoras podrán autorizar al patrono o

patrona que les descuenten de su salario cuotas únicas o

periódicas en beneficio de la organización sindical o caja de

ahorros a que estén afiliados o afiliadas de conformidad con sus

estatutos y la Ley.

Salario

Artículo. 104. Se entiende por salario la remuneración,

provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o

método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de

curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la

prestación de su servicio y, entre otros, comprende las

Decreto 8.938 Pág. 47

comisiones, primas, gratificaciones, participación en los

beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como

recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo

nocturno, alimentación y vivienda.

Los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al

trabajador o trabajadora, con el propósito de que éste o ésta

obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad

de vida y la de su familia tienen carácter salarial.

A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la

remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en

forma regular y permanente por la prestación de su servicio.

Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de

carácter accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y

las que esta Ley considere que no tienen carácter salarial. Para

la estimación del salario normal ninguno de los conceptos que

lo conforman producirá efectos sobre si mismo.

Beneficios sociales de carácter no remunerativo

Artículo 105. Se entienden como beneficios sociales de

carácter no remunerativo:

1. Los servicios de los centros de educación inicial.

2. El cumplimiento del beneficio de alimentación para los

trabajadores y las trabajadoras a través de servicios de

comedores, cupones, dinero, tarjetas electrónicas de

alimentación y demás modalidades previstas por la ley que

regula la material.

3. Los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y

odontológicos.

4. Las provisiones de ropa de trabajo.

5. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes.

6. El otorgamiento de becas o pago de cursos de

capacitación, formación o de especialización.

Decreto 8.938 Pág. 48

7. El pago de gastos funerarios.

Los beneficios sociales no serán considerados como salario,

salvo que en las convenciones colectivas o contratos

individuales de trabajo, se hubiere estipulado lo contrario.

Recibo de pago

Artículo 106. El patrono o patrona otorgará un recibo de

pago a los trabajadores y trabajadoras, cada vez que pague las

remuneraciones y beneficios indicando el monto del salario y,

detalladamente, lo correspondiente a comisiones, primas,

gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades,

bonificación de fin de año, sobresueldos, bono vacacional,

recargos por días feriados, horas extraordinarias, trabajo

nocturno y demás conceptos salariales, así como las

deducciones correspondientes.

El incumplimiento de esta obligación hará presumir, salvo

prueba en contrario el salario alegado por el trabajador o

trabajadora sin menoscabo de las sanciones establecidas en

esta Ley.

Pago de contribuciones o impuestos

Artículo 107. Cuando el patrono, patrona o el trabajador o

trabajadora, estén obligados u obligadas a cancelar una

contribución, tasa o impuesto, se calculará, considerando el

salario normal correspondiente al mes inmediatamente anterior

a aquél en que se causó.

Carácter salarial de la propina

Artículo 108. En los locales en que se acostumbre cobrar al

cliente por el servicio un porcentaje sobre el consumo, tal

recargo se computará en el salario, en la proporción que

corresponda a cada trabajador o trabajadora de acuerdo con lo

pactado, la costumbre o el uso.

Si el trabajador o trabajadora, recibiera propinas de acuerdo

con la costumbre o el uso local, se considerará formando parte

del salario un valor que para él o ella representa el derecho a

Decreto 8.938 Pág. 49

percibirlas, el cual se estimará por convención colectiva o por

acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo entre el

patrono o patrona y el trabajador o trabajadora la estimación se

hará por decisión judicial.

El valor que para el trabajador o trabajadora representa el

derecho a percibir la propina, se determinará considerando la

calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del

trabajador o la trabajadora, la categoría del local y demás

elementos derivados la costumbre o el uso.

Principio de igual salario a igual trabajo

Artículo 109. A trabajo igual, desempeñado en puesto de

trabajo, jornada y condiciones de eficiencia también iguales,

debe corresponder salario igual. A estos fines se tendrá

presente la capacidad del trabajador o trabajadora con relación

a la clase de trabajo que ejecuta.

Lo anterior no excluye la posibilidad de que se otorguen primas

de carácter social por concepto de antigüedad, asiduidad,

responsabilidades familiares, economía de materias primas y

otras circunstancias semejantes, siempre que esas primas sean

generales para todos los trabajadores o trabajadoras que se

encuentren en condiciones análogas.

Reconocimiento por productividad

Artículo 110. Los aumentos de productividad en una entidad

de trabajo y la mejora de la producción, causarán una más alta

remuneración para los trabajadores y las trabajadoras.

A estos fines, el patrono o patrona y el sindicato o, cuando no

exista éste, sus trabajadores y trabajadoras acordarán, con

relación a los procesos de producción en un departamento,

sección o puesto de trabajo, planes y programas orientados a

mejorar tanto la calidad del producto como la productividad y

en ellos considerarán los incentivos para los y las participantes,

según su contribución.

Aumentos salariales

Artículo 111. El salario debe ser suficiente para satisfacer las

necesidades materiales morales e intelectuales del trabajador o

Decreto 8.938 Pág. 50

trabajadora y de su familia. Se aumentará en correspondencia a

la justa distribución de la riqueza. Los aumentos y ajustes que

se hagan serán preferentemente objeto de acuerdos.

El Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario y

medidas que estime necesarias, para proteger el poder

adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. A tal fin

realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las

distintas organizaciones sociales e instituciones en materia

socioeconómica.

En ejercicio de esta facultad, el Ejecutivo Nacional podrá:

a) Decretar los aumentos de salario respecto de todos los

trabajadores y todas las trabajadoras por categoría, por

regiones geográficas, por ramas de actividad, o tomando

en cuenta una combinación de los elementos señalados.

b) Acordar que a los aumentos de salario puedan imputarse

los recibidos en los tres meses anteriores a la vigencia del

decreto y los convenidos para ser ejecutados dentro de los

tres meses posteriores a la misma fecha.

Sección Segunda: Clases de Salarios

Formas de estipular el salario

Artículo 112. El salario se podrá estipular por unidad de

tiempo, por unidad de obra, por pieza o a destajo, por tarea y

por comisión.

La forma de cálculo del salario no afecta la naturaleza de la

relación de trabajo, sea esta a tiempo indeterminado o

determinado.

Salario por unidad de tiempo

Artículo 113. Se entenderá que el salario ha sido estipulado

por unidad de tiempo, cuando se toma en cuenta el trabajo que

se realiza en un determinado lapso, sin usar como medida el

resultado del mismo.

Decreto 8.938 Pág. 51

Cuando el salario sea estipulado por mes se entenderá por

salario diario la treintava parte de la remuneración mensual.

Se entenderá por salario hora la alícuota resultante de dividir el

salario diario por el número de horas de la jornada diurna,

nocturna ó mixta, según sea el caso.

Cuando durante la semana varíe el número de horas trabajadas

al día, el valor de la hora se establecerá tomando el promedio

de horas diarias trabajadas en los días laborados durante la

semana.

Salario por unidad de obra, por pieza o a destajo

Artículo 114. Se entenderá que el salario ha sido estipulado

por unidad de obra, por pieza o a destajo, cuando se toma en

cuenta la obra realizada por el trabajador, sin usar como

medida el tiempo empleado para ejecutarla.

Cuando el salario se hubiere estipulado por unidad de obra, por

pieza o a destajo, la base del cálculo no podrá ser inferior a la

que correspondería para remunerar por unidad de tiempo la

misma labor.

Salario por tarea

Artículo 115. Se entenderá que el salario ha sido estipulado

por tarea, cuando se toma en cuenta la duración del trabajo,

pero con la obligación de dar un rendimiento determinado

dentro de la jornada.

Información sobre salario a destajo y a comisión

Artículo 116. Cuando el salario se hubiere estipulado por

unidad de obra, por pieza, a destajo, por tarea o por comisión,

el patrono o patrona deberá hacer constar el modo de

calcularlo, en carteles que fijará en forma bien visible en el

interior de la entidad de trabajo, y además deberá informar

mediante notificación escrita dirigida a cada uno de los

trabajadores y trabajadoras, así como al sindicato respectivo.

Pago del bono nocturno

Decreto 8.938 Pág. 52

Artículo 117. La jornada nocturna será pagada con un treinta

por ciento de recargo, por lo menos, sobre el salario convenido

para la jornada diurna.

Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o

trabajadora por causa del trabajo nocturno, se tomará como

base el salario normal devengado durante la jornada respectiva.

Pago de horas extraordinarias

Artículo 118. Las horas extraordinarias serán pagadas con un

cincuenta por ciento de recargo, por lo menos, sobre el salario

convenido para la jornada ordinaria.

Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o

trabajadora por causa de horas extras, se tomará como base el

salario normal devengado durante la jornada respectiva.

Pago del día feriado y del día de descanso

Artículo 119. El trabajador o trabajadora tiene derecho a que

se le pague el salario correspondiente a los días feriados o de

descanso cuando haya prestado servicio durante los días

hábiles de la jornada semanal de trabajo.

Cuando se haya convenido un salario mensual el pago de los

días feriados y de descanso obligatorio estarán comprendidos

en la remuneración.

Para el cálculo de lo que corresponda al trabajador o

trabajadora por causa de los días de descanso o de los días

feriados, se tomará como base el promedio del salario normal

devengado durante los días laborados en la respectiva semana.

Si se ha estipulado un salario quincenal o mensual, el salario

que corresponda a los días de descanso o los días feriados será

el promedio del salario normal devengado durante los días

laborados en la respectiva quincena o mes, según sea el caso.

Decreto 8.938 Pág. 53

El trabajador o trabajadora no perderá ese derecho si durante

la jornada semanal de trabajo en la entidad de trabajo faltare

un día de su trabajo.

Pago por trabajo en día feriado o descanso

Artículo 120. Cuando un trabajador o una trabajadora

preste servicio en día feriado tendrá derecho al salario

correspondiente a ese día y además al que le corresponda por

razón del trabajo realizado, calculado con recargo del cincuenta

por ciento sobre el salario normal.

Salario para vacaciones

Artículo 121. El salario base para el cálculo de lo que

corresponda al trabajador o trabajadora por concepto de

vacaciones, será el salario normal devengado en el mes efectivo

de labores inmediatamente anterior a la oportunidad del

disfrute.

En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo o a

comisión, será el promedio del salario normal devengado

durante los tres meses inmediatamente anteriores a la

oportunidad del disfrute.

Salario base para el cálculo de prestaciones sociales

Artículo 122. El salario base para el cálculo de lo que

corresponda al trabajador y trabajadora por concepto de

prestaciones sociales, y de indemnizaciones por motivo de la

terminación de la relación de trabajo, será el último salario

devengado, calculado de manera que integre todos los

conceptos salariales percibidos por el trabajador o trabajadora.

En caso de salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, a

comisión o de cualquier otra modalidad de salario variable, la

base para el cálculo será el promedio del salario devengado

durante los seis meses inmediatamente anteriores, calculado de

manera que integre todos los conceptos salariales percibidos

por el trabajador o trabajadora.

Decreto 8.938 Pág. 54

El salario a que se refiere el presente artículo, además de los

beneficios devengados, incluye la alícuota de lo que le

corresponde percibir por bono vacacional y por utilidades.

A los fines indicados, la participación del trabajador o

trabajadora en los beneficios líquidos o utilidades a que se

contrae esta Ley, se distribuirá entre el tiempo de servicio

durante el ejercicio respectivo. Si para el momento del cálculo

de las prestaciones sociales no se han determinado los

beneficios líquidos o utilidades, por no haber vencido el

ejercicio económico anual del patrono o patrona, éste o ésta

queda obligado u obligada a incorporar en el cálculo de la

indemnización la cuota parte correspondiente, una vez que se

hubieren determinado los beneficios o utilidades. El patrono o

patrona procederá al pago dentro de los treinta días siguientes

a la fecha de determinación de las utilidades o beneficios. En

los casos que no corresponda el pago de participación de

beneficios o utilidades, se incluirá la alícuota correspondiente a

la bonificación de fin de año como parte del salario.

Sección Tercera: Del Pago del Salario

Forma de pago del salario

Artículo 123. El salario deberá pagarse en moneda de curso

legal. Por acuerdo entre el patrono o la patrona y el trabajador

o la trabajadora, podrá hacerse mediante cheque bancario o

por órgano de una entidad de ahorro y préstamo u otra

institución bancaria, conforme a las normas que establezca el

Reglamento de esta Ley.

No se permitirá el pago en mercancías, vales, fichas o cualquier

otro signo representativo con que quiera sustituirse la moneda.

Podrá estipularse como parte del salario, cuando ello conlleve

un beneficio social para el trabajador o la trabajadora, la

dotación de vivienda, la provisión de comida y otros beneficios

de naturaleza semejante.

Autorización de pago

Decreto 8.938 Pág. 55

Artículo 124. El salario será pagado directamente al

trabajador o la trabajadora o a la persona que él o ella autorice

expresamente en forma escrita. Esta autorización será

revocable.

Pago de obligaciones familiares

Artículo 125. El o la cónyuge o la persona en uniones estable

de hecho con el trabajador o trabajadora y que pueda acreditar

esa condición con cualquier medio de prueba, por razones de

interés familiar o social y cuando haya hijos menores, podrá

solicitar ante los tribunales de protección integral de los niños,

niñas y adolescentes autorización para recibir del patrono o

patrona, lo que legalmente le corresponda del salario

devengado por el trabajador o trabajadora. Esta disposición

será aplicable al pago de prestaciones sociales y cualquier otro

beneficio a favor del trabajador o trabajadora, conforme a la

ley.

Oportunidad de pago

Artículo 126. El trabajador o la trabajadora y el patrono o la

patrona, acordarán el lapso fijado para el pago del salario, que

no podrá ser, mayor de una quincena, pero podrá ser hasta de

un mes cuando el trabajador reciba del patrono o la patrona

alimentación y vivienda.

Día de pago

Artículo 127. El pago del salario deberá efectuarse en día

laborable, durante la jornada y en el lugar donde los

trabajadores y las trabajadoras presten sus servicios, salvo que

por razones justificadas se hubiera pactado en sitio distinto,

circunstancias que deberán conocer previamente los

trabajadores interesados y las trabajadoras interesadas. Cuando

el día de pago coincida con un día no laborable, el pago de los

salarios se hará en el día hábil inmediatamente anterior.

El pago no podrá hacerse en lugares de recreo o comercio,

tales como bares, cafés, tabernas, cantinas o tiendas a no ser

que se trate de trabajadores de esos establecimientos.

Decreto 8.938 Pág. 56

Intereses moratorios

Artículo 128. La mora en el pago del salario, las prestaciones

sociales e indemnizaciones, generan intereses calculados a la

tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela,

tomando como referencia los seis principales bancos del país.

Sección Cuarta: Del Salario Mínimo

Salario Mínimo

Artículo 129. El Estado garantiza a los trabajadores y las

trabajadoras del sector público y del sector privado un salario

mínimo que será ajustado cada año, conforme a lo establecido

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El

salario mínimo será igual para todos los trabajadores y las

trabajadoras en el territorio nacional y deberá pagarse en

moneda de curso legal. En consecuencia, no podrá establecerse

discriminación alguna en su monto o disfrute, incluyendo

aquellas fundadas en razones geográficas, ramas de actividad

económica o categoría de trabajadores y trabajadoras. No

podrá pactarse un salario inferior al establecido como salario

mínimo por el Ejecutivo Nacional.

Previo estudio y mediante Decreto, el Ejecutivo Nacional fijará

cada año el salario mínimo. A tal efecto, mediante amplia

consulta conocerá las opiniones de las distintas organizaciones

sociales e instituciones en materia socioeconómica.

Violación al salario mínimo

Artículo 130. El pago de un salario inferior al mínimo será

sancionado de acuerdo con las previsiones establecidas en esta

Ley. El patrono infractor o la patrona infractora quedará

obligado u obligada, además, a pagar a los trabajadores y las

trabajadoras la diferencia entre el salario mínimo y lo realmente

pagado, así como sus incidencias sobre los beneficios,

prestaciones e indemnizaciones, por todo el tiempo en que

hubiere recibido salarios más bajos que los fijados, además de

pagarle el monto equivalente a los intereses que devengaría

esa cantidad a la tasa activa determinada por el Banco Central

Decreto 8.938 Pág. 57

de Venezuela, tomando como referencia los seis principales

bancos del país.

Capítulo II

De la Participación de los Trabajadores y las

Trabajadoras en los Beneficios de las Entidades de

Trabajo

Beneficios anuales o utilidades

Artículo 131. Las entidades de trabajo deberán distribuir entre

todos sus trabajadores y trabajadoras, por lo menos, el quince

por ciento de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al

fin de su ejercicio anual. A este fin, se entenderá por beneficios

líquidos, la suma de los enriquecimientos netos gravables y de

los exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Esta obligación tendrá, respecto de cada trabajador o

trabajadora como límite mínimo, el equivalente al salario de

treinta días y como límite máximo el equivalente al salario de

cuatro meses. Cuando el trabajador o trabajadora no hubiese

laborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte

proporcional correspondiente a los meses completos de

servicios prestados. Cuando la terminación de la relación de

trabajo ocurra antes del cierre del ejercicio, la liquidación de la

parte correspondiente a los meses servidos podrá hacerse al

vencimiento del ejercicio.

Bonificación de fin de año

Artículo 132. Las entidades de trabajo con fines de lucro

pagarán a sus trabajadores y trabajadoras, dentro de los

primeros quince días del mes de diciembre de cada año o en la

oportunidad establecida en la convención colectiva, una

cantidad equivalente a treinta días de salario, por lo menos,

imputable a la participación en los beneficios o utilidades que

pudiera corresponder a cada trabajador o trabajadora en el año

económico respectivo de acuerdo con lo establecido en esta

Ley. Si cumplido éste, el patrono o la patrona no obtuviere

beneficio la cantidad entregada de conformidad con este

Decreto 8.938 Pág. 58

artículo deberá considerarse como bonificación y no estará

sujeta a repetición. Si el patrono o la patrona obtuviere

beneficios cuyo monto no alcanzare a cubrir los treinta días de

salario entregados anticipadamente, se considerará extinguida

la obligación.

Determinación de monto distribuible

Artículo 133. Para la determinación del monto distribuible por

concepto de participación en los beneficios o utilidades de los

trabajadores y las trabajadoras se tomará como base la

declaración que hubiere presentado la entidad de trabajo ante

la Administración del Impuesto Sobre la Renta. Cuando el

monto de los beneficios resulte mayor de lo declarado, la

entidad de trabajo estará obligada a efectuar una distribución

adicional dentro del mes siguiente a la fecha en que se

determine.

Unidad económica

Artículo 134. La determinación definitiva de los beneficios de

una entidad de trabajo se hará atendiendo al concepto de

unidad económica de la misma, aun en los casos en que ésta

aparezca dividida en diferentes explotaciones o con personerías

jurídicas distintas u organizada en diferentes departamentos,

agencias o sucursales, para los cuales se lleve contabilidad

separada.

No imputación de pérdidas de ejercicios anteriores

Artículo 135. Para la determinación de los beneficios

repartibles entre los trabajadores y las trabajadoras, la entidad

de trabajo no podrá imputar a un ejercicio anual las pérdidas

que hubiere sufrido con anterioridad a ese ejercicio.

Forma de cálculo

Artículo 136. Para determinar la participación que

corresponda a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras,

se dividirá el total de los beneficios repartibles entre el total de

los salarios devengados por todos los trabajadores y todas las

Decreto 8.938 Pág. 59

trabajadoras durante el respectivo ejercicio. La participación

correspondiente a cada trabajador o trabajadora será la

resultante de multiplicar el cociente obtenido por el monto de

los salarios devengados por él o ella, durante el respectivo

ejercicio anual.

Oportunidad para el pago de participación en los

beneficios o utilidades

Artículo 137. La cantidad que corresponda a cada trabajador

y trabajadora por concepto de participación en los beneficios o

utilidades deberá pagársele dentro de los dos meses

inmediatamente siguientes al día del cierre del ejercicio de las

entidades de trabajo.

Verificación de utilidades

Artículo 138. La mayoría absoluta de los trabajadores y las

trabajadoras de una entidad de trabajo, o su sindicato o la

Inspectoría del Trabajo podrá solicitar por ante la

Administración Tributaria el examen y verificación de los

respectivos inventarios y balances para comprobar la renta

obtenida en uno o más ejercicios anuales.

La Administración Tributaria rendirá su informe en un lapso no

mayor a seis meses. Este informe deberá ser remitido a los y

las solicitantes, al patrono o patrona y a la Inspectoría del

Trabajo.

Utilidades convenidas

Artículo 139. En caso de que el patrono o la patrona y el

trabajador o la trabajadora hayan convenido en que éste

perciba una participación convencional que supere a la

participación legal pautada en este Capítulo, el monto de ésta

comprenderá aquélla, a menos que las partes hubieren

convenido expresamente lo contrario. Lo mismo se hará en el

supuesto de que el monto de la participación legal llegue a

superar el de la participación convenida por las partes.

Bonificación de fin de año en patronos o patronas sin

fines de lucro

Decreto 8.938 Pág. 60

Artículo 140. Los patronos y las patronas cuyas actividades no

tengan fines de lucro, estarán exentos del pago de la

participación en los beneficios, pero deberán otorgar a sus

trabajadores y trabajadoras una bonificación de fin de año

equivalente a por lo menos treinta días de salario.

Capítulo III

De las Prestaciones Sociales

Régimen de prestaciones sociales

Artículo 141. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen

derecho a prestaciones sociales que les recompensen la

antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El

régimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley

establece el pago de este derecho de forma proporcional al

tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado

por el trabajador o trabajadora al finalizar la relación laboral,

garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos

laborales. Las prestaciones sociales son créditos laborales de

exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses,

los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos

privilegios y garantías de la deuda principal.

Garantía y cálculo de prestaciones sociales

Artículo 142. Las prestaciones sociales se protegerán,

calcularán y pagarán de la siguiente manera:

a) El patrono o patrona depositará a cada trabajador o

trabajadora por concepto de garantía de las prestaciones

sociales el equivalente a quince días cada trimestre,

calculado con base al último salario devengado. El derecho

a este depósito se adquiere desde el momento de iniciar el

trimestre.

b) Adicionalmente y después del primer año de servicio, el

patrono o patrona depositara a cada trabajador o

trabajadora dos días de salario, por cada año,

acumulativos hasta treinta días de salario.

Decreto 8.938 Pág. 61

c) Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa

se calcularán las prestaciones sociales con base a treinta

días por cada año de servicio o fracción superior a los seis

meses calculada al último salario.

d) El trabajador o trabajadora recibirá por concepto de

prestaciones sociales el monto que resulte mayor entre el

total de la garantía depositada de acuerdo a lo establecido

en los literales a y b, y el cálculo efectuado al final de la

relación laboral de acuerdo al literal c.

e) Si la relación de trabajo termina antes de los tres primeros

meses, el pago que le corresponde al trabajador o

trabajadora por concepto de prestaciones sociales será de

cinco días de salario por mes trabajado o fracción.

f) El pago de las prestaciones sociales se hará dentro de los

cinco días siguientes a la terminación de la relación laboral,

y de no cumplirse el pago generará intereses de mora a la

tasa activa determinada por el Banco Central de

Venezuela, tomando como referencia los seis principales

bancos del país. 
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