Carlos Eduardo Giménez Colmenares y el prófugo de la justicia Ramón del Valle Martínez Abdenur, ex gobernadores de los estados Yaracuy y Sucre, respectivamente, fueron sancionados por la Contraloría General de la República con el pago de multa, por omitir la presentación de sus respectivas declaraciones juradas de patrimonio conrrespondientes al cese en el ejercicio de sus funciones como autoridades regionales de las entidades mencionadas.
La información fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39. 548 de fecha 9 de noviembre de 2010, donde la Contraloría impone a ambos ex mandatarios la cancelación de 275 unidades tributarias que equivalen a 17 mil 875 bolívares, por incumplir con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción.
No es la primera vez que ambos ciudadanos incurren en violaciones a una norma jurídica.
Ramón Martínez, ex gobernador del estado Sucre (2000 - 2004 y 2004 - 2008), huyó al Perú, donde se encuentra prófugo de la justicia venezolana, para evadir las imputaciones por irregularidades cometidas en proyectos que se desarrollaron durante su gestión, que incluían construcciones de la misión Barrio Adentro y un plan de producción pesquera desarrollado entre 2001 y 2004.
Siendo gobernador, Martínez incumplió con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al ingreso y cese de sus funciones, prevista en el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción.
A pesar de ser procesado por delitos contra el patrimonio público, en enero de este año, Martínez recibió asilo político del Gobierno de Perú y para el 17 de mayo de 2010, pese a la inhabilitación política emitida por la Contraloría General de la República, representantes de la oposición venezolana, agrupados en la autodenominada “mesa de la unidad”, lo ratificaron como candidato a diputado para las parlamentarias celebradas el pasado 26 de septiembre.
Similar es el caso de Carlos Giménez, gobernador de Yaracuy entre los años 2004 y 2008, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sala plena, le declaró solicitud de antejuicio de mérito, el 10 de junio de 2008, por haber adjudicado de forma directa más de 60 millones de bolívares a la cooperativa El Lamedero, a través de la Fundación para el Desarrollo Social de Yaracuy (Fundesoy). Hecho que le ocasionó la suspensión e inhabilitación del cargo público que ocupaba para ese momento.
En esa oportunidad, los magistrados del TSJ decidieron enjuiciar al ex gobernador de la entidad yaracuyana, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso impropio y evasión de procesos licitatorios con contratistas, tipificados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley Contra la Corrupción vigente para el 2008.
Giménez, además de ser acusado por actos de corrupción durante su gestión como gobernador, en el mismo año (2008), fue expulsado de las filas del Partido Socialista de Venezuela (Psuv) por hechos de violencia, al protagonizar una protesta donde fue agredido el diputado Carlos Escarrá.
La información fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39. 548 de fecha 9 de noviembre de 2010, donde la Contraloría impone a ambos ex mandatarios la cancelación de 275 unidades tributarias que equivalen a 17 mil 875 bolívares, por incumplir con el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción.
No es la primera vez que ambos ciudadanos incurren en violaciones a una norma jurídica.
Ramón Martínez, ex gobernador del estado Sucre (2000 - 2004 y 2004 - 2008), huyó al Perú, donde se encuentra prófugo de la justicia venezolana, para evadir las imputaciones por irregularidades cometidas en proyectos que se desarrollaron durante su gestión, que incluían construcciones de la misión Barrio Adentro y un plan de producción pesquera desarrollado entre 2001 y 2004.
Siendo gobernador, Martínez incumplió con la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio correspondiente al ingreso y cese de sus funciones, prevista en el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción.
A pesar de ser procesado por delitos contra el patrimonio público, en enero de este año, Martínez recibió asilo político del Gobierno de Perú y para el 17 de mayo de 2010, pese a la inhabilitación política emitida por la Contraloría General de la República, representantes de la oposición venezolana, agrupados en la autodenominada “mesa de la unidad”, lo ratificaron como candidato a diputado para las parlamentarias celebradas el pasado 26 de septiembre.
Similar es el caso de Carlos Giménez, gobernador de Yaracuy entre los años 2004 y 2008, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en sala plena, le declaró solicitud de antejuicio de mérito, el 10 de junio de 2008, por haber adjudicado de forma directa más de 60 millones de bolívares a la cooperativa El Lamedero, a través de la Fundación para el Desarrollo Social de Yaracuy (Fundesoy). Hecho que le ocasionó la suspensión e inhabilitación del cargo público que ocupaba para ese momento.
En esa oportunidad, los magistrados del TSJ decidieron enjuiciar al ex gobernador de la entidad yaracuyana, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso impropio y evasión de procesos licitatorios con contratistas, tipificados en los artículos 52, 58 y 70 de la Ley Contra la Corrupción vigente para el 2008.
Giménez, además de ser acusado por actos de corrupción durante su gestión como gobernador, en el mismo año (2008), fue expulsado de las filas del Partido Socialista de Venezuela (Psuv) por hechos de violencia, al protagonizar una protesta donde fue agredido el diputado Carlos Escarrá.
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